Los 'sheriffs del cielo' ya vuelan a EE UU

LAURENT ZECCHINI,

Frente a la amenaza terrorista los norteamericanos no sienten dudas, y les resulta incomprensible que los europeos multipliquen las objeciones a la presencia de guardias armados en los aviones de línea, o en facilitar a las autoridades aduaneras de EE UU los datos personales de los pasajeros. Pero, contrariamente a las disputas comerciales que tienden a enconarse, la UE no tiene el más mínimo interés en convertir el caso en una crisis, por lo que su posición es francamente incómoda.

Los atentados del 11-S constituyen una justificación difícilmente discutible para que los norteamericanos endurezcan los niveles de seguridad en los aviones, tanto en lo que concierne a la presencia de sheriffs del cielo como al control exhaustivo del pasaje. Las divergencias entre ambos lados del Atlántico son, en parte, culturales. La sociedad norteamericana está persuadida de que llevar agentes armados a bordo es una idea excelente y que no hay que tener reparo en proclamarlo a voz en grito, como elemento de disuasión.

En Europa, en cambio, los Gobiernos se tientan la ropa y, sabiendo que la opinión es más bien hostil, no quieren sembrar un clima de inquietud. Por ello, cuando ceden a las peticiones de EE UU lo hacen de la manera más discreta posible. Paralelamente, valoran que si se produjera un megaatentado, la opinión les acusaría de falta de previsión, y esa ambigüedad explica por qué los europeos tienen tantas dificultades en adoptar una posición común y oponen tan poca resistencia a las pretensiones norteamericanas. Cuando Washington afirma que tiene datos que le permiten creer que se cierne una amenaza sobre tal o cual vuelo, el Gobierno europeo de que se trate no tiene más remedio que obedecer a un elemental principio de precaución, como les ha ocurrido en diversas ocasiones a British Airways y Air France, sin que por ello se haya dado ninguna información al público sobre la naturaleza de la posible amenaza.

Asa Hutchinson, subsecretaria para la Seguridad Interior, dejó bien clara la posición de EE UU en una reciente escala en Bruselas. "No tenemos una política global consistente en anular o prohibir ciertos vuelos, porque el país en cuestión no adopte determinadas medidas de seguridad. Examinamos las medidas en vigor para decidir si el vuelo puede producirse en esas condiciones. Pero si no es ése el caso, nos reservamos el derecho de decidir que no entrará en nuestro espacio aéreo".

Si Suecia, Finlandia y Dinamarca permanecen resueltamente hostiles a la presencia de guardias armados, la actitud del resto de Europa es más conciliadora. Alemania ha creado una escuela para esos sheriffs del cielo en Lubëck y Francia coloca a sus agentes en los vuelos donde se teme que pueda pasar algo, cosa que hace ya desde algún tiempo Austria, así como de antiguo el Reino Unido, aunque todo dentro de la mayor discreción. Los restantes miembros de la UE, sensibles al hecho de que otros países (Israel, Canadá, Australia, Suiza, Singapur y Japón) ya recurren a los guardias armados, contemplan la posibilidad de hacerlo, pero contemporizan a la espera de una hipotética posición común europea.

La cuestión de los datos personales de los pasajeros (Passenger Name Records, PNR) es igual de delicada. La mayor parte de las autoridades nacionales que cuidan de la protección de esos datos se han pronunciado en contra de que se faciliten. El pasado 17 de diciembre se llegó a un acuerdo entre la Comisión Europea y EE UU según el cual los europeos transmitirían 35 de las 39 informaciones personales que cabe esperar que pidan. Estas informaciones se podrán conservar durante un máximo de tres años y medio, pero no cabrá su utilización contra un enemigo interior.

El acuerdo está pendiente de recibir aval jurídico, en forma de acuerdo internacional entre la UE y EE UU. En ese sentido, el 23 de febrero se dio un mandato a la Comisión, haciéndose constar, sin embargo, que no puede contradecir los términos de la directiva 195 sobre la protección de datos personales. Para ello, habrá que esperar al asentimiento del Parlamento Europeo y del Consejo de Ministros de la UE, que habrá que ver si llega.

La Asamblea de Estrasburgo, consciente de las inquietudes manifestadas tanto por las autoridades nacionales como europeas, se ha mostrado reticente. Es evidente que ante las elecciones europeas de este año, no querrá verse pillada en falso ante una opinión mucho más puntillosa que la norteamericana sobre el respeto a la vida privada. "La protección de los datos personales y el respeto a la vida privada son factores a considerar, pero también la eficacia de los servicios policiales y la necesidad de garantizar la seguridad de los pasajeros. Los Gobiernos deben hallar por ello el equilibrio entre ambas exigencias", resume un experto de la Comisión. En ese caso, como en el de los guardias armados, la mayor parte de los Gobiernos europeos habría preferido ceder a las exigencias norteamericanas, aprovechando una cierta indiferencia mediática. Desde el 11-S, todas las compañías aéreas han debido adoptar una serie de medidas más o menos costosas y molestas y hoy pueden ir en ocasiones "incluso más allá de lo que exigen las autoridades norteamericanas", según una fuente de Air France.

[Iberia, por su parte, no quiere dar información en relación con las medidas de seguridad en sus aviones. Reunidos el pasado 18 de febrero, los ministros de Interior de España, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia anunciaron que la presencia de personal armado se decidirá caso por caso.]

Al margen de que haya sheriffs del cielo en los aviones, los pasajeros con destino a EE UU se ven sometidos a un interrogatorio exhaustivo antes de embarcar. Las preguntas las definen las autoridades en destino y el trabajo lo hace una compañía especializada. Por otro lado, toda la flota de Air France está ya equipada -como es también el caso en muchos vuelos de Iberia- de cabinas de piloto blindadas, así como de un sistema de vigilancia por vídeo.

La TSA (Transportation Security Administration) es el organismo norteamericano encargado de la seguridad en estos casos. Y una de sus últimas medidas prohíbe la formación de grupos cerca de los baños y restringe los desplazamientos por el aparato durante el vuelo. Aunque en Europa no rigen estas disposiciones, hay compañías no europeas, como la australiana Qantas, que ya las aplican, y así se comunica a los pasajeros al despegue. Pero no todo es tan anecdótico. La TSA ha extendido sus exigencias de control al conocimiento de los datos personales de las tripulaciones de las aerolíneas que vuelen habitualmente a América del Norte. Ello ha obligado a Air France a enviar una nota detallada a sus agentes que trabajan en las líneas que cubren EE UU para prevenirles de lo que se les venía encima, tanto a la llegada como a la salida de los aeropuertos norteamericanos.

En esa nota, la aerolínea especifica que los requisitos que se exigen a los pasajeros naturales de una lista de 10 países (Argelia, Marruecos, Túnez, Libia, Líbano, Siria, Irak, Irán, Indonesia y Egipto) son también aplicables a los tripulantes del mismo origen. Hasta 324 empleados de Air France, aunque sean ciudadanos franceses, se ven afectados por la medida. Por añadidura, la nota precisaba que a la llegada a EE UU había que seguir "un circuito determinado durante el que había que pasar un interrogatorio de un agente de la TSA". La compañía ha protestado ante las autoridades norteamericanas en Francia.

Las organizaciones sindicales han protestado vivamente contra unas medidas que juzgan "discriminatorias y sospechosas", puesto que la totalidad de los empleados de Air France posee ya un visado de tipo B, que ha exigido previamente un interrogatorio exhaustivo del titular. Una última crítica, procedente de un empleado que quiere conservar el anonimato, demuestra lo absurdo de las exigencias norteamericanas. "Esas medidas afectan a personal francés nacido, por ejemplo, en Túnez, Marruecos o en cualquiera de los países de la lista, pero algunos de ellos son de confesión judaica, mientras que otros franceses nacidos en cualquier localidad del país, pero de religión musulmana, jamás serán investigados".

"Lo mejor es que las compañías no se atiborren de nuevas capas de burocracia y de directivas que lo que hacen es penalizar a los viajeros en lugar de tranquilizarlos", concluye irónicamente un especialista del transporte aéreo.