Operación Acuario

"Nos dijeron que en el golfo Pérsico no había ningún taller capaz de fabricar piezas de recambio para la industria petroquímica y eso originaba grandes retrasos en caso de avería, pues había que traerlas de fuera. Todo lo que nos pidieron era coherente con esa idea y nos pareció un buen negocio".

La empresa vasca que, entre 2000 y 2001, exportó a Dubai un taller de mecanizado, bajo sospecha de haber sido desviado al programa nuclear militar del coronel Gaddafi, está a la espera de que concluyan cuanto antes las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional por el juez Baltasar Garzón.

Los responsables de la compañía alegan que no pueden dar muchos detalles sobre la operación, ya que todos los documentos relativos a la misma fueron incautados el pasado 26 de junio por orden judicial. Explican que, en total, se vendieron unos 40 equipos fabricados por una veintena de empresas españolas, además de una suiza y otra italiana, por unos 600 millones de pesetas en total.

Garzón investiga si la operación con Dubai requería una licencia previa

Cuarenta máquinas de más de 20 empresas se vendieron por unos 600 millones de pesetas

La venta fue objeto de una primera investigación en noviembre de 2001, cuando el servicio secreto CNI (Centro Nacional de Inteligencia) advirtió a la JIMDDU (Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso), el órgano encargado de autorizar las exportaciones de bienes de interés militar, de que las máquinas exportadas podrían servir para la fabricación de piezas de centrifugadoras para enriquecer uranio, un paso previo a la producción del arma atómica.

En febrero de 2002, la Secretaría de Estado de Comercio requirió a la empresa vasca que coordinó la operación para que le informara en detalle de las características técnicas de los productos vendidos a Dubai. Según fuentes de dicha empresa, se trataba de tornos y fresadoras manuales, salvo siete máquinas de control numérico.

El asunto parecía zanjado cuando, el pasado 19 de junio, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recibió una comisión rogatoria del departamento de aduanas británico en la que solicitaba un registro urgente de la empresa española. Se puso así en marcha la denominada Operación Acuario, realizada por la Guardia Civil.

La investigación no ha encontrado relación alguna entre la compañía española y las sociedades creadas por Abdul Qader Khan, padre de la bomba atómica paquistaní, para la venta de secretos nucleares a Irán, Libia y Corea del Norte.

En cambio, se ha confirmado que el cliente del Golfo era la firma GTI, propiedad del británico Peter Griffin y de su hijo Paul, a la que se acusa de adquirir en Malaisia los componentes de centrifugadoras interceptados en octubre pasado en un buque rumbo a Trípoli.

Este hecho, junto a la nacionalidad libia de la docena de técnicos que visitó España entre 2000 y 2002 para formarse en el manejo de la maquinaria, alimentaron las dudas sobre el destino último del pedido.

Uno de los ingenieros libios se mostró interesado en adquirir dos tornos de control numérico para una empresa radicada en Trípoli pero, según los responsables de la firma vasca, la gestión se limitó a llamadas telefónicas para reclamar ofertas que nunca se concretaron.

Los investigadores subrayan también las similitudes entre los planos del taller destinado a Dubai, diseñados por otra sociedad española, y los de una planta incluida en el Proyecto 1001, el programa nuclear militar del coronel Gaddafi.

Pero las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional se limitan a determinar si los productos exportados por la compañía vasca requerían de una autorización previa de la JIMDDU, al tratarse de tecnología de doble uso. Estas licencias nunca se pidieron por lo que, de resultar preceptivas, se habría incurrido en un posible delito de contrabando.

Fuentes de la sociedad exportadora sostienen que reclamó a los fabricantes de las máquinas toda la documentación necesaria para exportarlas y éstos no le indicaron que hiciera falta licencia de la JIMDDU. Sólo la empresa suiza, agregan, cuya máquina era de mayor precisión, les indicó que, de acuerdo con la legislación de su país, era necesaria una autorización previa que se obtuvo sin mayores problemas.

Tras el acuerdo alcanzado en diciembre pasado por el régimen de Trípoli con los Gobiernos de Londres y Washington, la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha comenzado el desmantelamiento del programa nuclear militar libio.

Los responsables de la empresa española no saben, sin embargo, si los productos que vendieron hace tres años están en Dubai o en Libia. "Sólo nos dijeron que iban a estar embalados durante mucho tiempo", recuerdan.