El Estado quiere rescatar los 'ojos' del Guadiana con una OPA a 23.000 regantes

Medio Ambiente comprará agua a 28 comunidades de regantes para que paralicen la extracción de los pozos en una zona de 19.000 kilómetros cuadrados, que se extiende por Albacete, Ciudad Real y Toledo. El Estado lanzará a 23.000 regantes una OPA (Oferta Pública de Adquisición) por valor de 270 millones de euros para rescatar el nivel sostenible de los acuíferos y los ojos del Guadiana, a pagar en 35 años. El río nace hoy 80 kilómetros más abajo de las lagunas de Ruidera (Ciudad Real). La desecación de su nacimiento y de los acuíferos subterráneos es irreversible a menos que tenga éxito esta OPA derivada del Plan Hidrológico.

Los famosos ojos del Guadiana sólo existen en algún indicador fantasma de carreteras secundarias manchegas. Desaparecieron con la fiebre de los pozos desatada en los años setenta, cuando se lanzó la nueva de que bajo la gran meseta se escondía un mar inagotable. No era verdad. Ahora se intenta recuperarlos mediante un procedimiento propio de los mercados financieros; una oferta pública de adquisición de derechos de agua a los agricultores para que dejen de regar y puedan regenerarse los acuíferos.

La operación es de una envergadura similar a la del Plan Badajoz o a la reconversión industrial de la siderurgia. Afecta a casi medio millón de personas y 19.000 kilómetros cuadrados (casi tres veces la provincia de Barcelona), donde hay abiertos más de 40.000 pozos. Sus detalles aparecen recogidos en el plan del Alto Guadiana, una iniciativa de la Junta de Castilla-La Mancha que su presidente, José Bono, logró incluir en el Plan Hidrológico Nacional del PP (al que apoyó) y que en este momento se encuentra en información pública. El secretario de Estado de Aguas y Costas, Pascual Fernández, ha dirigido los estudios técnicos y mantenido negociaciones con los sectores afectados.

El ministerio dotará con 270 millones de euros un fondo con el que se pagará a los agricultores que dejen de regar. Un banco público de agua administrado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana reasignará los nuevos derechos en función del ritmo de recuperación de los acuíferos y sólo a quien acredite que ha instalado caudalímetros para controlar el agua extraída. El plan pretende rescatar anualmente 60 hectómetros cúbicos de agua y se fija un plazo de 35 años para conseguir la restauración de los acuíferos, que arrastran un déficit acumulado de 3.000 hectómetros cúbicos y encarnan el paradigma de una de las situaciones hídricas más insostenibles de España. El parque nacional de las Tablas de Daimiel sobrevive gracias a un goteo de emergencia que se le suministra desde el trasvase Tajo-Segura.

El plan abarca 19.000 kilómetros cuadrados y afecta directamente a 28 comunidades de regantes y 150.000 personas. Nadie conoce el alcance de las hectáreas puestas en regadío. Se han estimado en 239.000 a partir de imágenes obtenidas por satélite, porque la situación está fuera de control. Sólo entre 1974 y 1988, la superficie de regadío se multiplicó por cinco. Esto ha conducido a que las extracciones superen a los recursos renovables en 464 hectómetros cúbicos anuales, una cifra similar a la reconocida en toda la cuenca del Segura.

Juan Almagro, jefe de la demarcación oriental del Guadiana y con 15 años a pie del río, pone esos datos en cuarentena. Cree que existe una contabilidad doble al sumar las concesiones de agua superficiales con la subterráneas como si se trataran de recursos diferentes cuando el agua es única, la misma. Según sus cálculos el déficit se reduce a 200 hectómetros cúbicos. Pero dice más: "Inexplicablemente, el plan se ha elaborado a espaldas de los técnicos de la Confederación. Me he enterado por el BOE". Tras una primera lectura observa que en lugar de abordar la restauración hídrica sostenible del Guadiana el proyecto se reduce a un plan de indemnizaciones a los regantes. "Y los datos no son más que un refrito de los estudios que llevamos manejando desde hace años. No ofrece ningún rigor técnico".

Echa de menos una memoria socioeconómica y un plan de reforestación que devuelva a la zona los árboles talados desde 1956, año en el que se puso en marcha un plan de desecación sobre 56.000 hectáreas de dominio público. El furor de las talas se extendió a unas 200.000 hectáreas de un árido territorio que es cabecera de las cuencas del Segura, Guadiana y Guadalquivir.

"Mariano Rajoy dijo hace unos días que plantará en España no sé cuántos millones de árboles, pero no mencionó nada de los que hacen falta aquí", dice Almagro. "Qué menos que reforestar 100.000 hectáreas en 10 años" y añade que, "con todo respeto a la superioridad, presentaré mis alegaciones. Me siento muy libre de hacerlo si creo que algo no va a servir a los intereses generales del Estado".