Nadal comunica a las constructoras los cambios de criterios en las adjudicaciones

Transparencia. Éste es el lema del consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, en las relaciones con las constructoras. Durante los últimos días ha mantenido reuniones con sus dirigentes con el objetivo de comunicarles que los criterios de adjudicación han cambiado y que se atenderá especialmente a las ofertas económicas eliminando las puntuaciones valorativas de diversos aspectos empresariales que permitían eliminar a ciertas empresas y elegir prácticamente a la que se quisiera.

Hay un caso que ilustra con claridad lo que ocurría hasta ahora con las adjudicaciones de obras públicas. La empresa ACS, uno de cuyos principales accionistas es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, apenas lograba contratos en las adjudicaciones de la Administración autonómica catalana, pese a que sus ofertas eran, en no pocas ocasiones, las más bajas de las que competían. Era posible porque el precio era uno sólo de los criterios de valoración. Teóricamente, se trataba de evitar las "bajas temerarias"; es decir, ofertas de empresas a la baja pero imposibles de cumplir a tenor de las características de la obra. En la práctica, estas posibilidades han sido utilizadas para atribuir a la empresa deseada la obra en cuestión.

Nadal no quiere que esto se repita y ni siquiera que haya dudas sobre las adjudicaciones. Transparencia y claridad deben ser la divisa de las obras públicas, y así lo ha comunicado a los empresarios. Esta comunicación era casi urgente porque Nadal prefiere no correr en otras decisiones como la sustitución de directivos de las empresas que licitan gran número de obras.

Renovación

"Haya quien haya en la dirección de las empresas, todos saben ahora que quien manda es el consejero de Política Territorial. Los directivos saben que están en precario a petición mía, en espera de que yo pueda renovar totalmente todos los consejos de administración y la estructura directiva de las empresas públicas", dijo Nadal. "Hemos empezado por el departamento, y seguiremos por todas las empresas públicas; hay muchas y hay que hacerlo una por una. No se puede empezar por el presidente o director, hay que hacerlo por el consejo. A medida que cambien los consejos se sabrá qué consejeros ha habido. Algunos llevan 20 años, 22, 18, y están en varios consejos de empresas públicas. Cambiarán y serán sustituidos los consejeros y los directivos de estas empresas: Gisa, Incasol, Cimalsa, FGC", añadió.

El consejero cree que "no se trataba de entrar y liquidarlo todo el primer día", sino de "entrar y tomar las decisiones adecuadas. Caso por caso". Pero "las empresas ya saben que una de las primeras cosas que he ordenado es cambiar el pliego de cláusulas de las adjudicaciones de las obras y la forma de puntuar las bajas".La comunicación a las empresas, afirma Nadal, "ya ha provocado los marramiáus correspondientes y el conocimiento de que los criterios son diferentes y que se procederá de otra manera. La transparencia prevaldrá sobre cualquier otro criterio". Nadal asegura que hará pública la lista de consejeros y asesores del anterior Gobierno en las empresas públicas, así como sus sueldos y los importes de las dietas. "Los consejos son públicos, están en las páginas electrónicas, pero no en las dependencias del Departamento de Política Territorial, tal es el escaso interés patrimonial que había". También hará público "en cuánto se reducirá el número de consejeros y asesores. Bien entendido que nadie cobra más de dos consejos, aunque pertenezca a más".

Un ejemplo de los criterios de adjudicaciones es el caso del mantenimiento de los aparatos de aire acondicionado en Ferrocarrils de la Generalitat. La empresa Opticlim ganó por concurso público esta obra el 26 de junio de 2001. Pocos días después la dirección de Ferrocarrils trató de cambiar las condiciones del concurso. La empresa, a regañadientes, aceptó, de modo que se le propuso una segunda modificación. La respuesta de la empresa fue renunciar al contrato.

Anulada la concesión, Ferrocarrils decidió no convocar ya concurso público y realizar la nueva concesión negociando con dos empresas: Emte y Ambiter (el resto de las que acudieron al concurso o "no pudieron ser localizadas" o declinaron presentar una nueva oferta). Emte trabaja con todas las empresas ferroviarias que operan en Cataluña y ampliamente fuera de Cataluña. La segunda es una firma casi familiar. Emte ofreció cobrar por el mantenimiento 12.851.791 pesetas. Ambiter, en cambio, presentó un proyecto de trabajo que suponía a Ferrocarrils unos pagos de 16.639.851 pesetas, casi el 30% más que el de su competidora. Pese a ello, fue la beneficiaria del contrato ya que la comisión dio ocho puntos a Ambiter como empresa, mientras que Emte sólo recibió tres. Todas las demás puntuaciones fueron iguales, salvo en lo económico, donde se imponía claramente, pero de forma insuficiente, Emte.