Las víctimas de Franco critican la política "cicatera" de indemnizaciones del Consell

Son ancianos y siguen pidiendo lo mismo que toda la vida: justicia. Fueron perseguidos y encarcelados durante el franquismo, o sufrieron la represión de la dictadura en la piel de sus familiares. Los miembros de la Asociación de Represaliados por el Franquismo del País Valenciano (AREF-PV), organizaron ayer una jornada con un doble propósito: reclamar un reconocimiento moral a su lucha por la democracia; y denunciar la "cicatera" política indemnizatoria del Consell, "uno de los pocos gobiernos autonómicos" que no ha destinado dinero alguno a las víctimas del franquismo, según su presidente, Eduardo Alcázar.

La Ley estatal de compensaciones de 1990 Ley exigía que los beneficiarios tuviesen más de 65 años y hubiesen pasado más de tres en prisión. Muchas autonomías han elaborado desde entonces normas para incluir a los miles de represaliados que no cumplían dichas condiciones.

Presionada por colectivos de represaliados, la Generalitat redactó en 2002 un censo de las víctimas valencianas. De las más de 200 solicitudes, fueron aceptadas 46, asegura Alcázar. El motivo fue que el Gobierno valenciano reprodujo los mismos límites que la Ley de 1990: 65 años cumplidos el 31 de diciembre de 2000 y tres de encarcelamiento, mientras otras autonomías conceden indemnizaciones a partir de tres meses de prisión. De adoptarse aquí esa flexibilidad, la AREF calcula que más de 3.000 víctimas podrían beneficiarse

El Consell estableció un nuevo plazo de un mes para inscribirse en el censo, que terminó ayer, y al que según la AREF se le ha dado "nula publicidad".

En diciembre, todos los grupos con representación parlamentaria en el Congreso de los diputados, a excepción del PP, rindieron un homenaje a las víctimas de las dictadura. El portavoz parlamentario popular, Luis de Grandes, tildó entonces el acto de "revival de naftalina".