La secesión haría perder a Euskadi hasta 180.000 empleos, según un estudio económico

La independencia del País Vasco tiene un coste económico que el nuevo Estado Asociado difícilmente podrá pagar. Mikel Buesa y un amplio equipo de economistas ofrecen una aproximación del coste de la secesión: la actividad productiva actual del País Vasco podría caer entre un 10% y un 20%, el empleo se reduciría hasta en 180.000 puestos de trabajo, y el nuevo Estado tendría que hacer frente a costes no inferiores a los 2.000 millones de euros para sustituir las funciones de defensa o justicia que ahora realiza la Administración central. Una secesión no pactada podría arruinar la economía vasca.

Estas son algunas de las conclusiones contenidas en el libro Economía de la secesión. El proyecto nacionalista y el País Vasco, elaborado por un equipo de economistas dirigido por Mikel Buesa, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense (Madrid), y editado por el Instituto de Estudios Fiscales. Será presentado en público el próximo día 23.

Los autores del plan Ibarretxe consideran que en el régimen de Estado Asociado la sociedad vasca será más próspera. Pero los expertos en economía no están de acuerdo. Mikel Buesa señala en la introducción del citado libro el coste de la no España: la independencia de Euskadi le costaría a la economía vasca una reducción de entre el 10,5% y el 19,5% del PIB. Su primer eje argumental es que la economía vasca está fuertemente imbricada en la economía española. Varios artículos del libro muestran este elevado grado de integración, entre 11 y 16 veces superior a la que el País Vasco mantiene con otras economías. Las exportaciones vascas al resto de España suponen casi el 54% del total, y las importaciones de bienes y servicios se aproximan al 66%.

La economía vasca es tan dependiente que puede cifrarse en un déficit o saldo negativo del 6,5% del PIB autonómico. El saldo con economías exteriores es ligeramente positivo (1,6% del PIB). Pero, en caso de secesión, hay que recordar que los mercados europeos están protegidos con aranceles del orden del 2,8%. Las empresas vascas tendrían que hacerse cargo de costes aduaneros y de transacción con los mercados español y europeo, que, en términos de actividad económica, equivaldría a un descenso del 4% al 13% del PIB vasco.

A juicio de Buesa, en caso de una secesión no pactada se producirían efectos muy dañinos: deslocalización de empresas, pérdida de las ventajas inherentes a la propia nacionalidad -grandes contratos de suministro a instituciones españolas que se adjudican ahora a empresas vascas- y rechazos muy severos por parte de los consumidores españoles hacia los productos vascos.

El análisis de Buesa incluye una encuesta que indica que un 40% de las empresas vascas estudia estrategias de respuesta a la aplicación del plan Ibarretxe, y el 25%, asustadas por el grado de crispación y la persistencia del terrorismo, estima que la solución más adecuada sería abandonar Euskadi. Una estimación de ese coste, con una deslocalización que afectara a la cuarta parte de las ventas de los diez grupos industriales más importantes del País Vasco, equivaldría a un descenso, en términos de valor añadido, del 6,5% del PIB del País Vasco.

En resumen, el coste oneroso de la no España para una Euskadi independiente sería aproximadamente el siguiente: la actividad productiva disminuiría entre un 10,5% y un 19,5% de su nivel actual. De este deterioro de la producción se derivaría una pérdida de empleo de entre 89.000 y 178.000 puestos de trabajo, con lo cual la tasa de paro se situaría entre el 19% y el 29% de la población activa. Estas serían las consecuencias de los descensos de producción derivados´ de una separación hostil.

Además de este coste general para la economía vasca, la secesión tendría otros costes muy elevados para Euskadi, sobre el que los autores del libro han hecho cálculos. Uno de ellos sería el coste de ejercer totalmente las funciones del Estado, en particular las referidas a las competencias sobre Defensa, Asuntos Exteriores, Administración de Justicia y gestión del Estado de bienestar, en especial la Seguridad Social. Según una estimación que tiene en cuenta la población que se beneficia de estos servicios y los cálculos vigentes ahora en el cupo, Euskadi incurriría en unos costes de 10.600 millones de euros, de los que habría que descontar 6.4740 millones de euros que es lo que ingresa el Estado procedente de Euskadi (cupo más cotizaciones e impuestos), que, en caso de separación, quedaría anulado. Es decir, el nuevo Estado vasco tendría que hacer frente a un coste añadido de 4.200 millones de euros. Si el criterio de cálculo fuera la estimación de gastos implícita en el cupo, el coste añadido de las funciones del nuevo Estado sería inferior, en torno a los 2.000 millones de euros.