Toledo nombra su quinto Gobierno en dos años para frenar la crisis en Perú

El presidente peruano, Alejandro Toledo, ha dado por zanjada la crisis política más seria de su mandato con una remodelación del Gabinete que tiene aroma de continuismo, según la crítica expresada por amplios sectores políticos y de la opinión pública. El nuevo Ejecutivo, integrado por una mayoría de políticos independientes y sólo tres miembros del partido oficialista Perú Posible, juró ayer después de varios días de incertidumbre en los que el Gobierno buscó la complicidad de organismos internacionales como la OEA y de países amigos.

El nuevo Gabinete ha deparado pocas sorpresas. El toledista Carlos Ferrero sigue en el puesto de primer ministro, en contra de la opinión del líder de la oposición, Alan García, que había reclamado un cambio radical de personas y de política. El dato más relevante es el regreso de Pedro Pablo Kuczynski a la cartera de Economía y Finanzas, puesto que ocupó hasta julio de 2002 en el primer equipo de Toledo. Kuczynski es un destacado economista bien visto en Wall Street que ha desempeñado varios cargos en Perú y en el extranjero, especialmente en el sector financiero. Los nuevos ministros, siete de los 15 que conforman el Gabinete, tienen en común un marcado perfil técnico que les aleja, en principio, de las pugnas políticas.

Las primeras reacciones subrayan que la raíz del problema de gobernabilidad de Perú está en el presidente de la República, con un escaso 7% de aceptación popular, y no en el Ejecutivo. Desde distintos sectores se reclama con insistencia que Toledo delegue mayores facultades en el jefe de Gabinete y en sus ministros. El influyente diario El Comercio lo resumió gráficamente al pedir que el presidente "dé un paso al costado".

Esta reclamación tropieza con la Constitución peruana de 1993, reformada por el ex presidente Alberto Fujimori tras el autogolpe de 1992, que otorga amplios poderes al presidente, que es a la vez jefe del Gobierno y del Estado. En este sentido, la reforma de la Carta Magna fujimorista es una de las asignaturas pendientes que Toledo no ha abordado en los primeros años de su mandato.

La última crisis que ha desembocado con la quinta remodelación del Gabinete tuvo su origen con la difusión de la grabación de una conversación telefónica entre César Almeyda, uno de los asesores principales del presidente Toledo, y el general Óscar Villanueva, considerado el tesorero de la red de corrupción que dirigía Vladimiro Montesinos, el antiguo jefe de inteligencia y ex asesor de Fujimori, hoy en la cárcel. El general Villanueva se suicidó posteriormente.

Como en anteriores situaciones de crisis, el presidente acusa a "la Mafia fuji-montesinista" de fomentar la desestabilización política. Sin embargo, las encuestas reflejan un marcado aumento de las voces que atribuyen al estilo de gobernar de Alejandro Toledo buena parte de los problemas de Perú. Un estilo que combina la acción del Gabinete con un círculo de asesores que no siempre pone las cosas fáciles a los ministros. "El presidente no sabe manejar el equilibrio entre ambos", dice Cecilia Blondet, que dirigió el Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social en 2002. La ex ministra recuerda que en su época Toledo tenía "un Gobierno profesionalmente bueno". "No poder controlarlo le angustiaba. Siempre mantuvo un doble juego entre el Gabinete y el círculo de asesores", agregó.

Los cortocircuitos entre Palacio y los distintos ministerios son frecuentes. Varios antiguos integrantes del Ejecutivo señalan a este diario la figura de Guillermo González Arica, que ocupó la Secretaría General de la Presidencia, y la primera dama, Eliane Karp, como dos de las personas más próximas al presidente que en más de una ocasión han protagonizado enfrentamientos con miembros del Gabinete.

Además, la voluntad política de combatir la corrupción ha decaído con Toledo, asegura José Ugaz, el hombre que dirigió la lucha contra la corrupción tras la caída del régimen de Fujimori y que hoy preside la organización Proética. Toledo es "un presidente con un discurso totalmente demagógico", asegura. "Se necesitaban 300.000 dólares para resolver el congestionamiento de procesos judiciales. No le dio la gana de hacerlo. Si hubiera querido dar un verdadero empuje a la lucha anticorrupción, los procesos habrían avanzado más".