Izquierda Unida despenalizaría aborto, eutanasia, drogas blandas y ocupación de casas

Izquierda Unida defiende en su programa electoral una serie de reformas del Código Penal que persiguen una mayor liberalización, en el camino emprendido por países pioneros como Holanda. Se trata sobre todo de despenalizar por completo el aborto, la eutanasia activa, la ocupación de viviendas y propiedades abandonadas y el consumo de drogas llamadas blandas, como el hachís.

Con esta reforma, IU pretende atender a las nuevas tendencias de criminalidad y dar prioridad "a la defensa de los bienes jurídicos colectivos", para lo que aboga por endurecer las penas por delitos fiscales, societarios y medioambientales. Asimismo, plantea cambios en la regulación de la prisión provisional para ajustarla a criterios constitucionales, y la creación de "juzgados de garantías" para velar por los derechos de las partes y resolver las medidas cautelares.

Expone también su rechazo frontal a la privatización de los servicios de las cárceles y aboga por regular alternativas a la prisión mediante fórmulas "más eficaces, socialmente más útiles y económicamente menos costosas", ya que actualmente se gastan 25.000 euros por preso al año, indica.

Uno de los apartados del programa en el que más reformas radicales propone la formación que lidera Gaspar Llamazares es el de justicia. Como primera medida, la federación plantea la desaparición de la Audiencia Nacional y el refuerzo de las competencias de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas.

En su defensa de una justicia "independiente, eficaz, equilibrada y sensible a los cambios sociales", IU considera que el Tribunal Constitucional debe tener representación de las comunidades autónomas y que sus miembros deben ser elegidos por el Parlamento. También defiende la elección parlamentaria del Consejo General del Poder Judicial y del fiscal general del Estado, que podría ser destituido por las Cortes y al que se limitaría el mandato a cinco años.

Última instancia

IU reclama cambios en el modelo del ministerio fiscal y la redefinición de las funciones del Ministerio de Justicia. Otra de sus propuestas es el aumento de las competencias de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, para convertirlos en última instancia judicial en su territorio en los cuatro órdenes jurisdiccionales.

El sistema concebido por IU pasa por erradicar la justicia militar, potenciar los juzgados de lo contencioso como elemento de control de las Administraciones públicas y reforzar los juzgados de familia. La federación de izquierdas insiste también en la necesidad de impulsar la justicia de menores, con la dotación de medios para trabajar en la reinserción y reintegración social de los jóvenes y un incremento del número de plazas para jueces y fiscales, de modo que se dé una mejor respuesta a los ciudadanos.