Argentina eleva las tarifas de la electricidad y del gas en un gesto conciliador con el FMI

El Gobierno argentino dio ayer un nueva muestra de su voluntad de allanar el camino hacia un acuerdo con el FMI al aumentar las tarifas de los servicios de electricidad y gas a los llamados "grandes consumidores" (industrias, bancos y centros de consumo vinculados a la exportación y al turismo), que se vieron favorecidos por la devaluación del peso frente al dólar desde enero de 2002. Además, el Ejecutivo ha suavizado su relación con Aguas Argentinas (participada por Agbar), a la que da un año más para cumplir sus compromisos. Todos estos gestos son bien vistos por el Fondo.

El alza del 15% en promedio de la electricidad y de entre el 14,5% y el 25% del gas, que beneficia a las productoras de gas -Repsol YPF y Petrobras- y a las generadoras de energía eléctrica como Endesa, fue valorado por las empresas como "un gesto cualitativo muy importante porque indica el fin de la congelación después de dos años, aunque cuantitativamente no mejora mucho el nivel de remuneración de las distribuidoras, porque sólo trasladan el aumento a esos clientes [los grandes consumidores]".

Para el Fondo Monetario Internacional (FMI) también es un gesto que se ve con buenos ojos. No por casualidad, la decisión de incrementar las tarifas la anuncia el Gobierno del presidente Néstor Kirchner tan sólo tres días después de la reunión entre el ministro de Economía argentino, Roberto Lavagna, y el director gerente del FMI, Horst Khöler, celebrada en Miami, en el marco de la última cumbre del G-7.

El alza de tarifas se suma a la intención del Gobierno de Kirchner de mejorar la oferta de pago de la deuda a los acreedores y la designación de los bancos privados que se encargarán de colocar los nuevos bonos de deuda en reemplazo de los viejos. Ambas decisiones se conocieron el miércoles pasado, y también el día después de la celebración de la reunión entre Lavagna y Khöler. Hay que recordar, además, que el director del FMI también actuó con cierta presión de los países del G-7, entre los que se encuentran los representantes de las empresas concesionarias de servicios públicos y de los acreedores privados a los que Argentina debe 88.000 millones de dólares.

Los gestos del Gobierno argentino decididamente no son casuales, están directamente relacionados con el pago de deuda por valor de 3.100 millones de dólares que Argentina debe hacer el próximo 9 de marzo, y la revisión de las metas del plan de crecimiento macroeconómico que debe hacer el FMI posteriormente a la fecha del desembolso. Al mismo tiempo, un crédito del Banco Mundial de 5.000 millones está pendiente de aprobación y nada se hará hasta que haya un pacto entre el FMI y Argentina. De lo que se trata ahora es de encajar todas las piezas (el acuerdo con los acreedores, el pago de la deuda y la revisión del FMI) en las próximas dos semanas para que, llegado el momento de dar cada paso, todo esté pactado de antemano y no haya sorpresas.

Tregua con Suez y Agbar

Es evidente que el Gobierno argentino está intentando eliminar cualquier tipo de fricciones, actuales o acumuladas, con el FMI y las empresas. Ayer incluso firmó una tregua con la empresa Aguas Argentinas, controlada por la francesa Suez y participada por Agbar (25%), a la que el Ejecutivo estaba a punto de revocar su concesión. El Gobierno le ha dado un respiro de un año y, a cambio, la empresa prometió nuevas inversiones y la "suspensión provisoria" de la demanda que había presentado contra Argentina ante el Tribunal Arbitral del Banco Mundial por incumplimiento de contrato.

Aparte de las tarifas para grandes consumidores, el Gobierno también subió un 22% de media las tarifas del gas licuado que utilizan los taxímetros y automóviles de transporte con motores adaptados, y que era el combustible más barato hasta ahora. Para el ministro de Planificación, Julio de Vido, se trata de un "reacomodamiento" de las tarifas.

El jefe del Gabinete de ministros, Alberto Fernández, consideró ayer que la subida es "muy útil, muy equitativa y muy distributiva, porque recae esencialmente sobre los sectores que sacaron más ventajas en sus ingresos, y ése era el objetivo buscado". Los portavoces de las empresas admiten que la discusión sobre los contratos con el Ejecutivo "ha mejorado mucho en todos los sentidos, se comprometieron nuevas inversiones y las partes reconocieron los reclamos".