Un conflicto entre jueces y fiscales bloquea la vía penal por las anomalías urbanísticas de Gil

La vía penal contra Jesús Gil y sus distintos equipos de gobierno en Marbella por presuntos delitos de ordenación del territorio como consecuencia de las irregularidades urbanísticas cometidas en esta localidad está bloqueada. La Fiscalía de Málaga tiene actualmente paralizadas al menos siete acusaciones en otros tantos juzgados de lo penal porque los jueces se niegan a celebrar juicio en los casos de licencias que están impugnadas en la vía de lo contencioso por la Junta de Andalucía, a la espera de que se resuelvan estos recursos.

El conflicto jurídico tiene su importancia, ya que el planteamiento de los jueces de lo penal ha sido avalado en dos ocasiones por la Audiencia Provincial de Málaga, después de la Fiscalía recurriera hasta este órgano superior la decisión de los juzgados penales. La interpretación que realizan tanto los juzgados como la Audiencia de la legislación ha impedido que se puedan fijar los juicios. La defensa de Jesús Gil y de sus equipos de gobierno, que lleva esencialmente el letrado José María del Nido, ha logrado paralizar los procesos abiertos contra sus patrocinados por la Fiscalía de Málaga planteando un conflicto de "prejudicialidad administrativa".

Las defensas han pedido a los juzgados que los procesos abiertos por licencias presuntamente constitutivas de delito que se encuentran al propio tiempo impugnadas ante la jurisdicción contencioso-administrativa se paralicen, hasta que se resuelva esta segunda vía. En definitiva, se intenta impedir la vía penal al considerar que de la resolución de lo contencioso depende la inocencia o culpabilidad de los acusados.

La tesis fue inicialmente avalada por un auto del Juzgado de lo Penal número 2 y luego ha sido refrendada por los titulares de los juzgados de lo penal número 4, 5, 6 y 8. Se han sustanciando dos recursos de la Fiscalía de Málaga ante la Audiencia contra estos autos de lo penal, que han sido desestimados.

Aunque en la mayoría de los casos, la supuesta prejudicialidad se ha planteado por las impugnaciones de la Junta, hay algunos procedimientos que están bloqueados al asegurar las defensas que la licencia en cuestión está pendiente del recurso interpuesto por el ayuntamiento de Marbella ante la decisión de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de denegar la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana elaborado en agosto de 1998.

El fiscal de Medio Ambiente de Málaga, Juan Carlos López Caballero, considera que "no es jurídicamente aceptable" está interpretación de la norma, al entender que no toda cuestión prejudicial necesariamente es excluyente. López Caballero sostiene que su posición está avalada por la jurisprudencia y defiende que "no puede extraerse sin más la conclusión de que siempre y, en todo caso, la constatación de una ilegalidad ha de estar supeditada a la previa declaración de la jurisdicción contencioso-administrativa".

En este sentido, plantea que ante una manifiesta y constatada infracción urbanística no se debe paralizar el proceso, "ya que se provoca una demora importante". De hecho, el fiscal reconoce que en la mayoría de estos procesos las construcciones irregulares ya se han levantado y la situación va a provocar derechos consolidados de terceras personas que han adquirido estas viviendas.