Sanidad avala a los gestores de L'Aliança acusados de prevaricar

El director del Servicio Catalán de la Salud (SCS), Carles Manté, defendió ayer la gestión realizada por Enric Mangas y Miguel Argenté, los dos administradores que nombró el Gobierno de CiU tras intervenir L'Aliança en marzo de 2002. Prueba de la buena gestión que realizaron, explicó Manté, es que el nuevo Gobierno catalán piensa mantenerlos en cargos de responsabilidad en el Departamento de Sanidad.

Las declaraciones de Manté se produjeron después de que trascendiera que el Juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona investiga la denuncia que le remitió la fiscalía y que presentó un mutualista, el periodista y editor de El Triangle Jaume Reixach. En ese proceso también ejercen la acusación particular Ramon Carranza, ex director general de L'Aliança, y la ex presidenta Susanna Martín.

La denuncia acusa a los ex administradores Enric Mangas y Miquel Argenté, nombrados por la Generalitat, de tráfico de influencias, prevaricación y administración desleal. La acusación se dirige también contra Josep Badia, director de política financiera, y Josep Prats, que fue director del SCS. Manté aseguró que la gestión de los ex administradores es un asunto que "está claro y cerrado" para el actual Gobierno catalán, aunque dijo que "todavía es pronto" para levantar la intervención.

La denuncia sostiene que Mangas y Argenté cometieron tráfico de influencias porque como administradores de L'Aliança contrataron a la empresa Gesaworld, SA -una consultora sin ninguna experiencia, según los denunciantes

, presidida por Josep Maria Via, ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat-, un plan de viabilidad para la entidad y su aplicación, por lo que, sostiene la denuncia, cobró 781.000 euros.

Via, un conocido gestor sanitario que ejerció durante 10 años cargos de planificación sanitaria cuando era consejero Xavier Trias, rebatió ayer las acusaciones indicando que la retribución que percibe es equiparable a la que satisfacen otras entidades, como el Consorcio Hospitalario de Cataluña, por la gestión de hospitales comarcales. La sociedad percibe -dijo Via- 420.000 euros anuales más una cantidad variable en función de los resultados por gestionar 5 hospitales, un centro sociosanitario y 18 ambulatorios. Via destacó que su empresa ha logrado reducir el déficit de L'Aliança a la décima parte, desde 14 millones de euros hasta menos de dos.

En cuanto al delito de prevaricación, la denuncia asegura que Badia y Prats firmaron sendas resoluciones para producir una merma contable en la mutua de 25,4 millones de euros, y exigieron al Consejo de Administración vigente la devolución de 9,3 millones de euros por subvenciones recibidas en 1997 y 1998. "Primero ahogaron económicamente a la mutua para después justificar la intervención", sostiene Carranza. Tras la intervención de L'Aliança, la Generalitat suspendió la ejecución de esa devolución. "El cambio se produjo cuando ya tenían la sartén por el mango y habían destituido al Consejo de Administración, que ganó unas elecciones pero no era de la cuerda de CiU", aseguró el abogado de los denunciantes, Jordi Asensio.

El ex consejero de Economía Francesc Homs negó también ayer estas acusaciones y afirmó que la demanda está motivada porque Carranza "tiene un gran afán de notoriedad", informa Ariadna Trillas.