Un juez investiga la intervención de L'Aliança tras la denuncia presentada por un mutualista

El Juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona ha abierto diligencias para investigar la denuncia presentada ante la fiscalía por un mutualista de L'Aliança en la que acusa de diversos delitos a los administradores que nombró en su día el Gobierno de la Generalitat tras intervenir la entidad. La decisión judicial data de primeros de julio, aunque no trascendió hasta ayer a instancias del ex director general de la mutua, Ramon Carranza, que se ha personado en el caso como acusación popular. El juez abrió diligencias tras recibir la denuncia que le remitió la fiscalía.

Ramon Carranza explicó ayer que la denuncia presentada por ese mutualista ante la fiscalía se dirige contra Enric Mangas y Miquel Argenter, los dos administradores que nombró la Generalitat tras intervenir L'Aliança en marzo de 2002. Mangas era entonces director de régimen económico de la Seguridad Social del Gobierno de CiU y Argente, responsable de asuntos económicos del Servicio Catalán de la Salud (SCS). La denuncia ante la fiscalía, presentada el pasado mes de abril, también se dirigía contra Josep Badia, director de política financiera de la Administración autonómica, y Josep Prats, que fue director general del SCS.

Ninguno de ellos ha sido citado a declarar todavía ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona, según Carranza. El magistrado José Julián García de Eulate sí citó a primeros de julio al citado mutualista para que se ratificara en la denuncia. Carranza se negó ayer a revelar su identidad, aunque aseguró que trata de "una persona conocida". Tras la apertura de diligencias, Carranza solicitó comparecer en el caso como acusación pública y el juez ha accedido a esta petición.

En la denuncia presentada ante la fiscalía, el citado mutualista acusaba a los interventores que nombró en su día la Generalitat de los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y administración desleal. La denuncia iba acompañada de centenares de documentos sobre las supuestas irregularidades cometidas por los anteriores gestores en la facturación de servicios a la administración.

Carranza mantiene desde hace más de dos años un pulso con esos gestores y tiene numerosos frentes judiciales abiertos derivados de su gestión. El Gobierno catalán le multó en mayo del año pasado, al igual que a la ex presidenta de la entidad Susanna Martín, con 6.000 euros y una inhabilitación de dos años para ejercer cargos de administración o dirección de cualquier entidad aseguradora.

Mientras tanto, L'Aliança sigue bajo administración de la Generalitat. Ayer por la mañana se celebró una reunión a la que asistieron los administradores actuales de la entidad y los nuevos responsables del Departamento de Sanidad y Economía. En esta reunión, el nuevo administrador nombrado por la Generalitat a primeros del mes de diciembre, Salvador Solé, no comunicó que hubiera ninguna diligencia abierta contra los anteriores cargos. En esa reunión se presentaron los resultados económicos de L'Aliança corrrespondientes al ejercicio 2003, notablemente mejores que los del año anterior.

Si el ejercicio de 2002 se cerró con casi 14 millones de euros de déficit, el del año pasado se ha saldado con una deuda inferior a los dos millones, según los datos comunicados ayer por los nuevos administradores.