Pozuelo, obligado a abonar intereses por retrasarse en el pago de unas obras
El grupo municipal socialista de Pozuelo de Alarcón, en la oposición, ha denunciado que el Ayuntamiento ha tenido que pagar 162.146 euros de intereses a la empresa Ferrovial Agromán, SA al retrasarse en el pago de 42 facturas de las obras del centro cívico local. Los socialistas no entienden el porqué de esta situación, que ha provocado un gasto extra al municipio. Y aseguran que el equipo de gobierno, del PP, no les ha dado ninguna explicación sobre las razones que han llevado a este desembolso. El Ayuntamiento tampoco ha realizado ninguna declaración a EL PAÍS al respecto.
El contrato para levantar un centro cívico en Pozuelo, con un espacio cultural y un teatro, se adjudicó a la empresa Ferrovial el 24 de junio de 1998 por un presupuesto de 6.900.724 euros. El compromiso era acabarlo en enero de 2001. El espacio cultural Mira se inauguró con más de un año de retraso. Pero el teatro sigue en obras, aunque el contrato fue tramitado por procedimiento de urgencia.
El Tribunal de Cuentas, al fiscalizar la adjudicación de los edificios, puso de manifiesto que la urgencia había quedado desvirtuada porque desde el inicio del procedimiento hasta la adjudicación del contrato pasaron tres meses, y desde esta fecha hasta el comienzo de las obras, otros siete. Esta circunstancia, según el tribunal, constituye causa de resolución de contrato.
Casi un 20% más caro
El PSOE denuncia también que el presupuesto inicial se ha incrementado un 19,92 %, con lo que finalmente el importe total asciende a 8.275.349 euros. "Lo que roza el límite legal del 20%", aclara la concejal socialista Eva Izquierdo. "Además", asegura la edil, "las obras complementarias que han provocado el aumento de precio se adjudicaron a dedo, por contratación directa a la misma empresa".
Para el grupo socialista es inadmisible que los vecinos de Pozuelo tengan que hacer frente a pagos adicionales innecesarios. Al mismo tiempo recuerda que Pozuelo tendría que estar disfrutando del teatro hace tres años, pero ha habido continuos retrasos sin justificación. "Y, a pesar de todo, el Ayuntamiento no ha exigido a la empresa ninguna indemnización", denuncian.
El informe del Tribunal de Cuentas destaca la paralización de las obras al menos hasta el mes de junio de 2001. El problema se encontraba en el proyecto, que fue necesario modificar en marzo de 2000.
El Tribunal indica también que, durante el periodo de construcción del centro cívico, la administración municipal no rescindió el contrato, dada la inviabilidad del proyecto debido a que presentaba falta de definición en elementos estructurales e instalaciones. El Consistorio tampoco exigió las correspondientes responsabilidades al redactor del mismo, a la empresa contratista, a los directores de obra y a los técnicos municipales.
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