Un escándalo de pederastia remueve las estructuras de la sociedad chilena

Un escándalo de pederastia en Chile se ha saldado por ahora con dos senadores de la derecha imputados, varios jueces investigados, un magistrado que dejó de serlo y evitó por poco ser expulsado del poder judicial, seis procesados por usar cámaras ocultas y 12 procesados por participar en la red que encabezaba el empresario Claudio Spiniak. El caso tiene repercusiones políticas y ha mostrado a grupos que actúan en la sombra.

El 74% de los chilenos cree que hay parlamentarios implicados en el caso

El juez Sergio Muñoz determinó que 25 niños y jóvenes, de 13 a 21 años de edad, se prostituyeron en las fiestas de Spiniak. El escándalo ha salpicado a la Unión Demócrata Independiente (UDI), principal partido de la derecha chilena y el más cercano a los postulados ideológicos del ex dictador Augusto Pinochet. Dos de sus senadores, Jovino Novoa y Carlos Bombal, fueron acusados de participar en las fiestas de Spiniak, propietario de uno de los gimnasios más elegantes de Santiago y hoy procesado por estupro y producción de pornografía infantil.

Una testigo que afirma haber estado secuestrada como una esclava sexual, siendo adolescente, ha implicado a Novoa, de quien dice conocer hasta sus señas íntimas, y también sostuvo que durante una sesión, una niña de ocho años fue mutilada y asesinada. La UDI desmiente las acusaciones, pero una encuesta realizada por el diario El Mercurio reflejó en diciembre que el 74% de los chilenos cree que hay parlamentarios vinculados a la red de Spiniak.

Ocho proxenetas al servicio del empresario los reclutaban de entre los niños de las calles. Algunas víctimas dormían bajo los puentes del río Mapocho, y recibían alrededor de 30 dólares por cada noche. En las sesiones eran previamente drogados o debían beber, lo que ha debilitado su memoria y sus testimonios. Spiniak contaba además con vínculos en el cuerpo de Carabineros, actualmente procesados en una fiscalía militar, que lo protegieron en una ocasión, al no detenerlo después de que un menor lo denunciara.

La UDI ha replicado con dureza. Se querelló contra la diputada Pía Guzmán, del partido de derecha Renovación Nacional (RN), por decir que había parlamentarios implicados, aunque no dio los nombres. Ha tensado sus relaciones con RN casi al punto de la ruptura, aunque son aliados en la campaña para llevar a la presidencia al alcalde de Santiago, Joaquín Lavín. Acusó de participar en un compló a políticos oficialistas, periodistas, un cura que protege a algunos de los testigos y a quien dijera creer en las imputaciones o se les pusiera por delante. Un abogado de la UDI encabeza un equipo investigador paralelo, que se ha preocupado de desacreditar a cada testigo.

Ante la pérdida de imagen de gobernabilidad en su coalición por las pugnas internas, Lavín anunció estar dispuesto a lanzarse a la carrera presidencial de 2005 sin los partidos, como independiente.

El último capítulo de este escándalo tuvo un final inesperado. El juez Daniel Calvo, cuya trayectoria era brillante hasta hace pocos meses y que estuvo a cargo del caso Spiniak durante casi un mes, fue trasladado desde la Corte de Apelaciones a una fiscalía, donde vigilará la conducta de los funcionarios judiciales y podrá proponer sentencias en ciertos casos. Esta salida por la puerta falsa, que lo aleja de la carrera hacia la Corte Suprema a donde se dirigía, es el precio que ha pagado por haber visitado un prostíbulo gay que operaba como sauna, algo que debió confesar a sus superiores después de que un canal de televisión le filmara con cámara oculta. Aunque afirmó ser víctima de un intento de extorsión, Calvo fue sancionado con cuatro meses de suspensión por afectar "gravemente al decoro" de los tribunales.

Hace dos semanas, 10 jueces de la Corte Suprema votaron su destitución y sólo ocho en favor de su continuidad, pero su salida del poder judicial requería de un quórum de 11 votos en contra. Se salvó pues por un voto. Esta semana, en el proceso de evaluación anual, dos jueces del Supremo le pusieron un uno de nota en responsabilidad, la más baja, pero en el promedio logró una calificación satisfactoria, sobre cinco. Previamente, el juez pidió disculpas a sus superiores y en sus descargos afirmó que su "indefinición sexual" está en tratamiento psicológico. La esposa de Calvo, Mónica Olivares, poco antes de la calificación aseguró en una entrevista que su marido "no es gay ni bisexual" y que la vida sexual de ambos es satisfactoria.

Por primera vez enfrentado a la pregunta de si un juez puede ser gay, el poder judicial no pasó la prueba, más allá de la retórica, en que nadie responde en forma negativa. Un supremo contrario a Calvo, Milton Juica, argumenta que un juez "no debe merecer reproche de ninguna naturaleza", pero otro ministro del tribunal superior, Alberto Chaigneau, relativiza: "Todos tenemos un cadáver en el armario". Asumir una conducta homosexual en las alturas del poder de Chile equivale a un suicidio político en un país donde la homofobia está arraigada.

Peor parados han resultado quienes pusieron cámaras ocultas a Calvo, incluyendo varios periodistas. La jueza que investiga el caso, Gabriela Pérez, ha procesado a dos altos cargos y otras cuatro personas, por grabar y difundir conversaciones privadas sin autorización del afectado, algo que, siendo ilegal, es una práctica frecuente de la televisión chilena. Guillier ha criticado al poder judicial por acoger la denuncia del canal, al sancionar al juez por su conducta, pero procesarlo por el método usado para adquirir esa verdad. En círculos judiciales, la percepción en este caso es que la mano más dura se ha reservado para los que violaron la intimidad de un magistrado.