Francia amenaza con requisar los pisos vacíos si en un año no aumenta la oferta de alquiler

El primer ministro francés, Jean-Pierre Raffarin, ha amenazado a los propietarios de alojamientos vacíos con medidas coercitivas si no colocan rápidamente esos bienes en el mercado. El jefe de Gobierno quiere encarecer la tasa que se cobra a los dueños de viviendas desocupadas y endurecer sus condiciones de aplicación, con la advertencia de que, si en un año no mejora la oferta de alquiler, está dispuesto a "requisar" pisos. Según las estimaciones oficiales, existen cerca de 500.000 casas vacías en las ciudades con mayores tensiones inmobiliarias.

El Ejecutivo responde así a la campaña conducida desde hace meses por asociaciones que denuncian una penuria de alojamientos que golpea a las clases populares y a sectores de las clases medias, apoyada por la oposición de izquierdas. El precio de la vivienda ha subido fuertemente desde 2000, por encima de la media europea. Sólo el año pasado, los pisos se encarecieron un 14%, según datos del sector. En París, el metro cuadrado alcanza ya los 3.850 euros de media.

El fenómeno se observa en gran parte de Francia, pero afecta en especial a las grandes aglomeraciones. Los propietarios exigen a los candidatos al arrendamiento que "se desnuden" financieramente ante ellos, aportando pruebas contundentes de su solvencia, lo cual reduce la disponibilidad en el mercado libre.

El colchón de los alojamientos sociales no da más de sí: Francia cuenta con alrededor de cuatro millones de apartamentos (14% del total de viviendas) gestionados por la Federación Nacional de Alojamientos Sociales o por entidades municipales, pese a lo cual, una serie de asociaciones caritativas y de defensa de los mal alojados afirma que hay más de tres millones de personas alojadas en lugares insalubres o en condiciones de hacinamiento, mientras que el propio Gobierno estima en 500.000 el número de casas vacías en las aglomeraciones con mayores tensiones inmobiliarias.

Una campaña similar a la actual, promovida a finales de los noventa, dio origen a la ley que estableció la tasa de alojamientos vacíos, promovida por el Gobierno de izquierda que dirigía Lionel Jospin. Esa norma obliga al pago de una tasa a los dueños de casas desocupadas en ciertas zonas (las regiones de París, Lyón, Lille, Burdeos, Toulouse, Montpellier y parte de la Costa Azul). Una vivienda se presume vacía a partir del cruce de dos datos informatizados: el pago de la taxe foncière (equivalente al impuesto de bienes inmuebles español) y el de la taxe d'habitation, a la que está obligado todo ocupante, sea propietario o arrendatario, y de la investigación de consumos de luz, etcétera.

Cuando se descubre que el dueño de una vivienda ha pagado la primera de dichas tasas, pero nadie ha satisfecho la segunda, se presume que está desocupada. El dueño puede eludir el pago de la tasa justificando que se trata de una segunda residencia (el 38% de los franceses posee una) o que el alojamiento precisa de grandes obras. Descontadas todas esas circunstancias, el propietario de una vivienda vacía, a efectos de la ley, ha de pagar un porcentaje progresivo: un 10% del valor de arrendamiento en el tercer año de desocupación, el 12,5% en el cuarto y el 15% a partir del quinto.

Según cifras facilitadas a este periódico por la Unión de Propietarios Inmobiliarios, los gastos de gestión y recaudación de esta tasa se valoraron en 12,3 millones para una recaudación final limitada a 16,8 millones de euros. "Esta tasa proporciona poco dinero y su gestión cuesta mucho", resume Jacques Devergne, directivo de la citada asociación.

Aun así, la persistencia de la crisis ha decidido al Gobierno a intensificar las medidas coercitivas. El Ejecutivo prepara un decreto para reforzar los poderes de los prefectos (delegados del Gobierno) en esta materia. A su vez, y bajo el nombre de "propiedad para todos", el Gobierno prepara una oferta a los arrendatarios de casas sociales para que las compren, con la idea de vender entre 35.000 y 40.000 por año y destinar el producto a la construcción de viviendas sociales nuevas.

Otra parte del plan consiste en la cesión de terrenos propiedad de la Empresa Nacional de Ferrocarriles y del Ministerio de Defensa, en condiciones de momento no precisadas. París sufre presiones inmobiliarias particularmente fuertes porque está prohibido construir edificios de más de 37 metros de altura.