Kioto o los compromisos estéticos del gobierno Aznar

El Protocolo de Kioto, aprobado en 1997 y cuya entrada en vigor sigue pendiente de la firma de Estados Unidos o de Rusia, estableció que los países que deben reducir sus emisiones de dióxido de carbono lo harán de forma que las emisiones totales en el período 2008-2012 fueran un 5,2% menores que en 1990.

Esta reducción se distribuyó según compromisos para cada país. La UE redistribuyó el 8% de reducción asignada entre sus miembros, de forma que permite el aumento en las emisiones a los menos desarrollados, como España, y se incrementa el compromiso de reducción para otros, como Alemania o el Reino Unido.

Ello se fundamenta en elementos muy razonables como son la responsabilidad histórica de las emisiones, el grado de desarrollo de cada país y sus necesidades pendientes de crecimiento futuro, aunque no todos estos fundamentos se hayan traducido en criterios estrictos de cálculo. De hecho, se deberían haber considerado factores como la evolución demográfica previsible, las fuentes de energía autóctonas disponibles o las propias exigencias climáticas condicionantes del consumo.

El aumento permitido a España es del 15%, pero la distribución interna por Comunidades Autónomas no puede ni debe ser igual, como en la UE no lo ha sido y tampoco en la escala mundial. Sería manifiestamente injusto. El enfoque que a nuestro juicio podría aplicarse es establecer una emisión de referencia y que esa fuese per cápita y no una emisión total, que sólo es defendible cuando las poblaciones son estables.

Andalucía ha crecido en más medio millón de habitantes, entre 1990 y 2002, que es el origen obvio de su aumento de emisiones. La simple consideración de este factor reduce el aumento total del 46% registrado en nuestra Comunidad, si se consideran emisiones globales, al 33% si se consideran emisiones per capita. O, de otro modo, las emisiones per capita en 1990 en Andalucía fueron de 5,3 tCO2 (toneladas de dióxido de carbono equivalente por persona), frente a las 7,2 correspondientes al promedio nacional.

En 2002, Andalucía emitió 7,2, por debajo del promedio de la UE y del nacional, de 9,6 tCO2 equivalente ese año, lo que implica que la responsabilidad de otras Comunidades Autónomas es considerablemente superior y, en consecuencia, no pueden medirse con el mismo rasero.

Nuestra propuesta al Gobierno de la Nación y al resto de las CCAA, es que se adopte un criterio de convergencia, y que para ello se establezca la emisión de referencia nacional, a partir del 15% de aumento asignado a España en la Unión Europea y considerando un valor estimado de la población en 2008-2012, que será el período de cómputo para el cumplimiento. La determinación de las emisiones per capita de cada autonomía en 1990 permitiría calcular lo que cada una puede crecer, hasta alcanzar la emisión per capita de referencia y, tanto si cumplimos finalmente, como si no lo hacemos, esto sería lo justo en el reparto.

Con todo, nuestro reto es obligarnos a optimizar el desarrollo, a no cometer errores que cometieron esos países que ahora parecen hacer grandes reducciones pero sobre un crecimiento enorme anterior, a que nos beneficiemos de la tecnología mejor y más limpia, y a que incluso nos convirtamos en lideres tecnológicos de esas nuevas formas de producir energía.

Andalucía ha hecho un esfuerzo unilateral desde 2002 con una estrategia pionera en el Estado para frenar el cambio climático, un inventario regional detallado de Gases de Efecto de Invernadero (GEI) y un objetivo del 15% de energías renovables en 2010. El Gobierno central por el contrario lleva toda la legislatura sin tomar medidas reales que permitan reducir el crecimiento de las emisiones hasta situarnos en el furgón de cola del cumplimiento de Kioto en Europa. Es más, reafirmando en política energética decisiones que hipotecan cualquier resultado en la lucha contra el cambio climático y que confirman la renuncia a contener nuestras emisiones, por lo que se prefiere pagar por ellas.

La ministra de Medio Ambiente debe saber que no basta con presentar un acuerdo de mínimos llamado estrategia española de cambio climático en donde se dice todo lo que se podría hacer para paliar la situación, sino que hace falta un compromiso claro del gobierno español que indique qué cambiamos y cuándo respecto a nuestra insostenible evolución actual. Lo demás no son más que posturas estéticas cuando lo que se nos demanda es un auténtico compromiso ético y político. Mucho me temo que el Gobierno traslade la responsabilidad a las CCAA sin tomar medidas claves que le competen.

Soy consciente de las dificultades del cumplimiento del Protocolo en España y en Andalucía, pero creo que ha llegado el momento de "mojarse" y decirle a los ciudadanos qué proponemos para abordar uno de los temas más complejos de este siglo: el de la energía y su uso para evitar o limitar los cambios de clima en nuestro planeta.

Fuensanta Coves Botella es consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía