"El único que puede arreglar esto es Jesucristo"

Hace casi un año, el Ejército protegía la sede de Unión Fenosa en la capital de República Dominicana, mientras el activista mulato Víctor Gerónimo arengaba, con una facundia casi anticolonial: "¡Que se vayan, que no sigan expoliando y extorsionando al pueblo y sacando de manera fraudulenta el dinero para llevarlo a España!". "¡Unión mañosa, Unión mañosa!", le secundaban. "¡Fuera, fuera. Si no se van, los echamos!". Y la eléctrica debió negociar la rescisión de una concesión a 20 años e irse con pérdidas de 160 millones de euros y deudas gubernamentales de otros 340 millones. Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) peregrina por los despachos de Santo Domingo tratando de cobrar otras.

Unión Fenosa rescindió una concesión a 20 años y se fue con pérdidas de 160 millones de euros

"Se aventuraron en un país donde la seguridad jurídica es precaria. Un Gobierno puede acabar plegándose y no respetar los contratos del anterior", sostiene una fuente empresarial. Buena parte de Latinoamérica incurre en los vicios dominicanos. Gerónimo es portavoz de la coordinadora popular que la pasada semana paralizó el país durante 48 horas para denunciar la carestía de la vida y las políticas económicas de la presidencia de Hipólito Mejía. Contrario a las privatizaciones, acusó a Unión Fenosa de cobrar muy cara la distribución de energía e incumplir las prometidas 18 horas de luz a los 238 barrios más pobres del país a cambio de recibir del Estado 73 millones de euros anuales. "La población siguió sufriendo apagones de 8 y 12 horas diarias".

El problema es que el servicio eléctrico "es aquí caro y no se quiso pagar lo que cuesta", según otras fuentes. La operación de acoso y derribo contra la compañía atemorizó a otras y dañó la credibilidad institucional de un país de ocho millones de habitantes amargados por los apagones, las manifestaciones, los ajustes fiscales, la devaluación de su moneda, más de la mitad de su valor en un año, y la inflación más alta de América Latina, un acumulado del 43% durante el 2003. La carestía de la vida y el empobrecimiento fueron inevitables. "El único que puede arreglar esto es Jesucristo, porque el hombre no puede", según Lourdes Fernández, ama de casa de 45 años.

La situación sería de descabello de no seguir insuflando aire y divisas cuatro sectores: el turismo, a salvo y boyante para las empresas españolas; la inversión extranjera, a la baja; las zonas francas, y los 2.000 millones de dólares anuales, el 10% del PIB, enviados a sus familias por el millón y pico de dominicanos emigrantes, más del 90% en EE UU. Sin reservas ni liquidez, el horizonte hasta las generales del 16 de mayo se ensombreció pese a los previsibles 600 millones de dólares de emergencia del FMI. "Pueden decir lo que quieran sobre la incidencia de factores externos, pero el fracaso es del Gobierno", dice un técnico europeo.

Las políticas de Mejía, dirigente del Partido de la Revolución Dominicana (PRD), supuestamente socialdemócrata, han causado la pérdida de 600.000 empleos, que pasaron al paro o a la informalidad laboral, según el director de Centro de Estudios Económicos de las Antillas, Pedro Silverio. Ese dato es discutible, pero reveladoras las estadísticas oficiales sobre masiva contratación de funcionarios: se amplió el clientelismo político, se socavó la disciplina fiscal, cercana al 3%, y se ignoró la austeridad exigida por el desquiciamiento financiero. La nómina pública era de 330.000 empleados en 2000, fecha de investidura de Mejía, y saltó a 392.000 en 2003.

La inversión social y el bienestar cayeron, y comenzó el ruido político al imponer el presidente su candidatura a un segundo mandato, en contra del histórico ideario del PRD, que rechaza la reelección. Para facilitarla, en la mejor tradición latinoamericana, el oficialismo modificó la Constitución a capricho. "El poder se ejerce, y quien diga lo contrario que se meta a practicante de peluquería", declaró Mejía. El fraudulento colapso de tres bancos, el pasado año, causó un quebranto de 2.600 millones de dólares, más del 50% del presupuesto nacional, sufragado por el Gobierno echando mano del bonos del tesoro "para salvar el sistema financiero" y a cientos de miles de ahorradores.

Las fuentes consultadas consideran "curioso" que el Ejecutivo decidiera emplearse a fondo, superando las cantidades de pago establecidas legalmente en los casos de hundimientos bancarios, cuando el 70% de los fondos del turbio Banco Internacional pertenecían a unas 80 cuentas, algunas de destacados opositores del Gobierno y otras abiertas a militares o prebostes. "Podían haber recurrido a mecanismos de pago a medio o largo plazo, menos gravosos para el erario público", señala un economista. Los tipos de interés se dispararon por encima de los 25 puntos, el PIB se contrajo por primera vez desde 1991, un 1,2%, y la deuda pública se elevó hasta representar el 47,9% de ese indicador.

La servidumbre es onerosa y obliga a reestructuraciones, en el seno del Club de París, porque la recaudación fiscal es insuficiente: apenas alcanza el 16% del PIB. España es acreedora con 595 millones de dólares. La emisión de bonos soberanos por 1.100 millones de dólares parchea una situación agravada por la acumulación de deudas que, finalmente, paga la población, convencida de que "aquí los políticos roban mucho".