Los jueces y la derecha se enfrentan en Francia por la condena a Juppé

Si no quieres caldo, toma tres tazas. Dos jueces de instrucción, una comisión parlamentaria y un comité de notables se atropellan para aclarar el espionaje denunciado por la magistrada Catherine Pierce, presidenta del Tribunal Correccional de Nanterre, a propósito de la sentencia contra Alain Juppé. La comisión de notables ha sido designada por el jefe del Estado, Jacques Chirac, quien ayer hizo un gran elogio público de su delfín.

Chirac calificó a Juppé como "un hombre de calidades excepcionales, al que Francia necesita", un juicio bien distinto del criterio de los jueces que le condenan por corrupción política y "traición a la confianza del pueblo soberano".

La cultura francesa es tan favorable a la producción de leyes, como reacia a aplicarlas. Un Gobierno conservador estaba en el poder en 1995, con Juppé entre sus miembros, cuando se promulgó la ley que castiga con la privación de derechos cívicos al culpable de financiación ilegal de la política. Pero si el condenado es un correligionario, entonces la ley no vale, o los jueces la usan injustamente: éste es el sentido de las declaraciones realizadas durante el fin de semana por políticos de la derecha, a las que, con ciertas precauciones, se ha sumado Chirac. En 1996, el Partido Socialista también descalificó a los jueces que condenaron a su ex tesorero, Henri Emmanuelli.

Alain Juppé desvelará hoy si continúa en la política. Chirac y su entorno necesitan que siga al frente del partido UMP para cerrar el paso a Nicolas Sarkozy, el ministro del Interior, a quien se supone preparado para llenar cualquier vacío de poder que se produzca. La derecha imputa al tribunal haber entrado en consideraciones demasiado políticas y la continuidad de Juppé, rodeado de una cierta aura de mártir, podría ayudar a convencer a la opinión pública de que los jueces de Nanterre están equivocados. O al menos, de que dictaron una sentencia tan dura sin la equidad necesaria.

A su vez, Chirac ha movilizado al presidente del Tribunal de Cuentas, al vicepresidente del Consejo de Estado y al presidente del Tribunal de Casación -equivalente al Supremo español- para que dictaminen, antes de un mes, qué hay de cierto en las denuncias de espionaje a los jueces del caso Juppé. Es el síntoma del nerviosismo causado por una sospecha tan infamante, pero también un modo de salir al paso de otras dos investigaciones regladas, una de ellas judicial, ya en marcha, y la otra parlamentaria, que debería decidirse hoy.

La coexistencia de tantas iniciativas políticas deja muy escépticas a las asociaciones de magistrados, dispuestas a desconfiar de lo que no sea una investigación controlada por el juez instructor. "Este asunto enseña que Francia es un país en vías de desarrollo democrático, en que los cargos electos no han integrado aún psicológicamente la idea de la independencia judicial", comenta Dominique Barella, presidente de la Unión Sindical de Magistrados, la más numerosa entre ellos. Más mordaz, el ex juez Thierry Jean Pierre (instructor en su día del caso Urba, relacionado con la financiación ilegal del socialismo) calificó la comisión organizada por Chirac de "lobo encargado de vigilar al rebaño".

Un hecho extraño es que la juez que ha denunciado el espionaje no comunicara antes sus sospechas sobre pinchazos telefónicos o rastreo de sus ordenadores. Pero lo cierto es que los incidentes que comunicó fueron considerados irrelevantes. Por ejemplo, el 12 de enero se descubrió que las placas del falso techo de su despacho habían sido desplazadas. La juez puso el caso en conocimiento del fiscal, siguiendo el procedimiento regular, y éste encargó una investigación preliminar, según la cual un trabajador intentó pasar por el falso techo de la juez hasta un despacho contiguo para salvar la cerradura rota de este último. Al fiscal le pareció tan verosímil la explicación que no le pareció necesario dar cuenta de incidente alguno.