La UE refuerza el blindaje de sus fronteras para frenar la entrada de inmigrantes

Contener el flujo migratorio y establecer un área más segura aun a cambio de la pérdida de las libertades individuales. Éste puede ser el resumen de lo acontecido el año pasado en la Unión Europea (UE), que recoge el informe anual de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Mientras el presidente de la Comisión, Romano Prodi, proclamaba en Viena que en Europa no hay lugar para el racismo, la FIDH demostraba en un profundo análisis que la Unión y varios de sus países han endurecido sus políticas de inmigración y asilo y están mermando las libertades de sus ciudadanos, en contra de convenios internacionales y de sus propios principios.

Las directivas sobre asilo en Europa y la reagrupación familiar de los inmigrantes, la agencia de control de fronteras y los acuerdos de readmisión con terceros países son las cuatro iniciativas europeas que la FIDH desgrana, para acabar concluyendo que toda la política sobre este asunto gira en torno a un objetivo fundamental: el cierre de fronteras.

Sobre la directiva de asilo que establece las condiciones para conseguir el estatuto de refugiado, la FIDH coincide con el Alto Representante de los Refugiados de la ONU, Ruud Lubbers, en señalar que el proyecto de establecer una lista de "países seguros" es contrario a la Convención de Ginebra. La Unión quiere rechazar sistemáticamente la petición de los demandantes de asilo procedentes de esos países considerados seguros, que formarán parte de una lista concreta todavía por confeccionar. La UE debate la posibilidad de que ésta la formen los países signatarios de la Convención de Ginebra, lo que no es garantía de respeto de los derechos humanos, como admiten fuentes de la propia Comisión.

Algunos países, como Francia, ya se han adelantado, curiosamente, a legislar en el mismo sentido apoyándose en que la Unión lo está debatiendo. La ley francesa aprobada el año pasado incorpora ya ese concepto de "país seguro", señala el informe.

La directiva europea incorpora el procedimiento acelerado para los casos "no admisibles", entre los que se sitúan, por ejemplo, los peticionarios de asilo no sólo procedentes de un "país seguro", sino que hayan pasado previamente por uno de ellos. Varios países se han aprestado a poner en marcha este procedimiento acelerado que recorta o niega el derecho a apelar la decisión tomada y acelera la expulsión. Se trata de Finlandia, Francia, Austria y Alemania. En este último país, uno de los más restrictivos de Europa, de las 7.463 peticiones de asilo presentadas en diciembre, el 67,3% ya han sido rechazadas. El Reino Unido planea una legislación que también limitará la apelación.

Los acuerdos de readmisión que la UE inició a finales de 2002, y a los que la FIDH califica de "acuerdos de expulsión", merecen un capítulo aparte. Mediante estos acuerdos, la UE aporta asistencia y ayuda a cambio de que el otro país readmita a sus ciudadanos expulsados. Ya se han firmado con Hong Kong, Sri Lanka, Macao y Albania. Se negocia con Rusia, China, Ucrania, Turquía, Pakistán, Marruecos y Argelia. Pero, además, en abril pasado entró en vigor el acuerdo de Cotonú, firmado con 77 países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) con cláusulas similares, y que no cumplen las exigencias de la Agencia de Refugiados de la ONU de garantizar los derechos humanos.Las ligas de derechos humanos representadas en la FIDH y su sección europea denuncian también cómo se ha complicado la reagrupación familiar a los inmigrantes.

Para los ciudadanos de la UE, varios países han tomado iniciativas que merman sus libertades. La FIDH está en contra del pasaporte con datos biométricos que la UE planea. Pero, además, indica que Alemania proyecta una ley de control preventivo de las comunicaciones y que la ley Sarkozy francesa abre las puertas a los registros de automóviles y controles de identidad por presunta amenaza terrorista.