Con diálogo y negociación

A lo largo de la historia, una de las formas habituales de resolver los problemas de escasez en la distribución del agua ha sido sido mediante trasvases. El Acueducto de Segovia o el Canal de Castilla son claros ejemplos de ello, como también lo son, en la actualidad, las conducciones para el abastecimiento a grandes ciudades españolas, como Madrid, Bilbao, Tarragona, etc., y multitud de grandes canales para riego y conexiones entre ríos distribuidas por toda la geografía peninsular.

Sin embargo, como señalara Freud, la capacidad para resolver pacíficamente los conflictos por el agua constituye un buen indicador del grado de madurez alcanzado por los pueblos y, posiblemente por ello, en la España actual, cuando las conducciones rebasan las divisorias de aguas entre cuencas o demarcaciones hidrográficas, suelen surgir serios conflictos y grandes rechazos, a pesar de que nuestra Constitución consagra con reiteración el principio de solidaridad entre regiones.

En el trasvase del Ebro no se deberían cometer los mismos errores que en el del Tajo-Segura

De ahí que, entre las cuestiones que requieren de los gobernantes diálogo y capacidad de negociación, más allá de la coyuntural fuerza de los votos, se encuentra la del reparto y distribución del agua dulce, que en nuestro país se instrumenta mediante la planificación hidrológica.

Lamentablemente, hemos asistido en los tres últimos años a un proceso de creciente desencuentro político y territorial en relación al trasvase del Ebro de la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN), aprobada sin consenso en las Cortes, rechazado por amplios sectores ciudadanos y políticos, que todavía tardará, en el mejor de los casos, en recibir el beneplácito y una declaración de impacto ambiental de la UE.

La experiencia del trasvase Tajo-Segura, tras un cuarto de siglo de funcionamiento, debería haber aportado conocimientos suficientes para evitar cometer ahora, con el PHN y el trasvase del Ebro, los mismos errores y tropezar en las mismas piedras.

El Tajo-Segura ha sido pieza fundamental e imprescindible para sacar del subdesarrollo y la marginación, aprovechando la integración europea, a buena parte del territorio seco y árido del sureste, que incluye el sur de Alicante, la región de Murcia y el levante almeriense, así como para ir aproximando a sus habitantes en renta y calidad de vida a la media nacional.

Pero también han tenido que pagar un costoso tributo, de incomprensión y permanente incertidumbre, por el autoritarismo y la imposición imperantes en los años de su aprobación y construcción. Y además, las sucesivas restricciones que la Ley del Aprovechamiento conjunto Tajo-Segura ha venido sufriendo para parchear sin éxito los agravios de su origen. Los mil hectómetros ofertados en dos fases se han quedado, en el mejor de los casos, en apenas la mitad, y en los años secos, tan abundantes en el sureste español, en la tercera parte o menos. Sin embargo, el Acueducto Tajo-Segura (ATS) tiene una capacidad de conducción de 33 metros cúbicos / segundo, equivalentes a mil hectómetros al año, además de tener su origen a cota más elevada que la del embalse de recepción en la cuenca del Segura, por lo que buena parte del trabajo de conducción lo realiza, sin costes energéticos, la ley de la gravedad.

Habría sido deseable y razonable, sin duda, que el PHN desarrollara las previsiones de la ley del Tajo-Segura, en vigor, para aproximarse a los mil hectómetros cúbicos ofertados por ley. Varias alternativas, no estudiadas con rigor, al existir una decisión política previamente adoptada, podrían consolidar y redotar el ATS a bajo coste y con garantías de las que hoy carece el trasvase Tajo-Segura y que el PHN no le da.

Se prefiere, como es sabido, continuar apostando por una solución desde el Ebro, necesariamente mucho más costosa, salvo para Castellón, porque el destino del agua trasvasada estará a una cota 500 metros más elevada que el origen, el recorrido es muy largo y además los túneles, tramos enterrados y medidas correctoras y preventivas, necesarias para la compatibilidad ambiental, supondrán costes del agua muy superiores a los previstos inicialmente, ya de por sí elevados. Todo ello sin contar las futuras limitaciones, que surgirán a posteriori, bien como reacción compensadora de la falta de consenso actual, o simplemente consecuencia de un mejor conocimiento de los balances hídricos.

Por otra parte, mientras para Baleares se ha optado con decisión por la desalación, mediante la construcción simultánea de cuatro nuevas grandes desaladoras y Canarias se ha convertido en líder tecnológico de la ósmosis inversa, en el Segura se retrasan hasta el hastío los proyectos públicos en curso, se obstaculizan los nuevos de iniciativa privada y se niega la evidencia de que en Murcia y Almería la desalación de agua de mar constituye una alternativa solvente, competitiva en costes, para la solución de los problemas de escasez de agua a corto y medio plazo, que es preciso tomar seriamente en consideración.

El pasado verano, algo más de doscientos mil ciudadanos murcianos soportaron durante varios meses, y después de veinte años de garantía hídrica, unas infamantes restricciones en el suministro de agua potable, mientras continuaban en el ostracismo sin poder funcionar las desaladoras sacadas a contratación siete años antes. Y el próximo verano aún podría ser peor.

Con o sin trasvase del Ebro, que en todo caso es solución a largo plazo, las desaladoras de agua de mar resultan imprescindibles para la gestión de la demanda en el sureste peninsular, al garantizar nuevos aportes todos los meses del año. Por el contrario, cualquier nuevo recurso superficial procedente de trasvases estará sujeto a la falta de garantías impuestas por las sequías cíclicas y el cambio climático, cada vez más perceptible.

Antonio León Martínez-Campos es profesor de Investigación del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CSIC). Murcia.