La condena de Alain Juppé por corrupción provoca un seísmo en la derecha francesa

La mayoría política sobre la que se sostiene Jacques Chirac sufrió ayer un rudo golpe con la condena judicial de su delfín, Alain Juppé, a 18 meses de cárcel -sin obligación de cumplimiento- y prohibición de ocupar cargos electivos durante 10 años, por financiación ilegal del partido neogaullista RPR. Juppé había anunciado su salida de la vida política si esto llegaba a ocurrir, pero su abogado afirmó que apelará la sentencia, lo cual le permite continuar de alcalde de Burdeos y diputado. Su situación se deteriora como presidente del partido en el poder, la Unión por la Mayoría Popular (UMP), y afecta a la estrategia de Chirac, que contaba con él como posible sucesor en la presidencia de Francia.

El tribunal considera que Alain Juppé, en su doble calidad de secretario general del RPR y concejal de finanzas del Ayuntamiento de París, cubrió la remuneración de siete empleados del partido político con cargo a los fondos municipales, y le declara culpable del delito de "apoderamiento ilegal de interés". Hay una amenaza larvada para el propio Chirac, porque los jueces dicen que Juppé "estaba subordinado directamente al presidente del movimiento", es decir, a Chirac.

Jacques Chirac presidió el RPR entre 1976 y 1994, y fue alcalde de París de 1977 a 1995. A lo largo de la investigación apareció una carta firmada por Chirac en la que se recomendaba a los servicios municipales la promoción de una persona que trabajaba como "liberada" del RPR. La instrucción de este detalle se detuvo porque el jefe del Estado, que goza de inmunidad, no puede ser convocado por magistrado alguno mientras siga en el cargo. Pero el periodo de prescripción del hecho también ha sido suspendido hasta que deje de serlo.

Calendario político

Más allá de tal posibilidad técnica, los efectos políticos son más contundentes. Para lograr que un tribunal de apelación invalide el fallo, Juppé, que tiene 58 años, habrá de vivir los próximos meses con la espada de Damocles sobre su cabeza y necesitará no sólo abogados, sino una gran movilización política y mediática. Entre tanto, el calendario político no espera: están previstas unas elecciones regionales para marzo y un congreso de la UMP en octubre, con la izquierda intentando recuperarse de su derrota de 2002 y una extrema derecha tan robusta como entonces.

La sentencia no sólo es penalmente dura, sino que los jueces atacan todo el sistema de financiación ilegal del neogaullismo -varios ex tesoreros del partido y empresarios han sido condenados también- y desacreditan al político que de momento lo encarna, que es Juppé. La discusión sobre la influencia de los jueces en la vida política y en las elecciones se reavivará, así como la explicación de que esta sentencia refleja las espantosas relaciones del Ejecutivo con un sector de la magistratura, que se desgañita denunciando "liberticidios" a medida que la derecha promulga leyes que amplían los poderes de policías y fiscales, en detrimento de los jueces y del derecho de defensa. De la presidenta del tribunal, Catherine Pierce, de 56 años, sólo se comentaba ayer, en los pasillos del tribunal, que no tiene fama de "izquierdista".

La sentencia considera "insoportable para el cuerpo social" y "contraria a la voluntad general" la actuación de Alain Juppé cuando, "investido de un mandato electivo", traicionó "la confianza del pueblo soberano". La descalificación del condenado es rotunda: "Los valores de la República y los valores del servicio público constituyen el corazón de la enseñanza dispensada en las grandes escuelas de la República (...). Alain Juppé fue precisamente formado en ellas", argumentan los jueces. Este último, que asistió a la lectura del fallo en el edificio del Tribunal de Nanterre (al oeste de París), se ha tomado el fin de semana para reflexionar antes de pronunciarse.

Ironías de la historia: Alain Juppé es víctima de una legislación promovida por un Gobierno conservador que pretendió marcar la diferencia con anteriores escándalos de la izquierda. Una condena por corrupción o financiación ilegal implica que el sentenciado sea borrado de las listas electorales durante un tiempo -cinco años en el caso de Juppé- e inhabilitado para todo cargo electivo por el doble de tiempo. El ahora condenado, que formaba parte de aquel Gobierno "moralizador", es víctima de la legislación promovida por aquel. Juppé se convirtió en 1995 en el primer ministro de Chirac, pero cayó en 1997, a causa de unas elecciones anticipadas decididas por el presidente y ganadas por la izquierda.

Antes que Alain Juppé, el socialista Henri Emmanuelli fue condenado en 1996 a la misma pena de cárcel y a dos años de inelegibilidad por financiación ilegal del Partido Socialista, lo cual le obligó a dejar el escaño de diputado, pero fue reelegido cuando terminó el periodo en que se vio privado de derechos cívicos. El ultraderechista Jean-Marie Le Pen perdió un escaño del Parlamento Europeo al ser condenado por agresión a una diputada regional, lo cual no le ha impedido seguir en la política. Sin embargo, el ex ministro Bernard Tapie no ha vuelto a la vida pública después de haber sido condenado por complicidad en un caso de corrupción y soborno de testigo.