La CPI investiga a una guerrilla de Uganda por crímenes de guerra
El Ejército de Liberación del Señor ha secuestrado a miles de niños
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Yoweri Museveni, presidente de Uganda, solicitó ayer al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, que investigue a los dirigentes del Ejército de Liberación del Señor (LRA en sus siglas en inglés) por crímenes contra la humanidad. Dicho grupo, de inspiración integrista cristiana, combate violentamente a Museveni desde hace dos décadas para instaurar un Gobierno regido por los diez mandamientos bíblicos.
Según el fiscal Ocampo, hay fundamentos suficientes como para empezar a planificar las pesquisas correspondientes.
El presidente ugandés y el fiscal se reunieron en Londres para decidir la forma en que debían colaborar las autoridades de Kampala y la propia Corte. Uno de los principales problemas para poner en marcha su maquinaria jurídica es la localización y detención de los cabecillas del LRA. Para lograrlo, Moreno Ocampo recordó que precisará "la cooperación activa de los Estados e instituciones internacionales". El LRA cuenta con bases secretas al sur de Sudán. Desde allí cruzan la frontera y atacan aldeas y poblados de Uganda, aterrorizando a la población. Según un informe de la Unicef, publicado en 1996, estos guerrilleros secuestraron a 3.000 niños ugandeses, la mayoría de los cuales nunca regresó a sus hogares. Ese mismo año asesinaron a 90 refugiados sudaneses al norte de Uganda. Los datos más recientes sobre sus asaltos se remontan a julio pasado, cuando obligaron a 50 menores robados de sus casas a cruzar un río al noroeste del país. Todos se ahogaron. En las dos décadas de guerra, según la agencia de misioneros Misna, han muerto cien mil personas.
Según la Corte Penal Internacional, la rehabilitación de muchos de los miembros del LRA que han sido raptados y maltratados por los que fueron sus jefes es esencial para la futura estabilidad del norte de Uganda. Para animarles a recuperar una vida normal, ha sido aprobada una ley de amnistía que el presidente Museveni se dispone a enmendar excluyendo a los dirigentes. Sólo así podrán ser llevados ante la justicia los verdaderos responsables de los crímenes cometidos en Uganda, en opinión del tribunal.
En julio de 2003, la CPI ya anunció que había elegido para su examen una de las 499 denuncias recibidas. Se trataba de las matanzas de la provincia congoleña de Ituri.
Desde 1998, la cifra de muertos en la República Democrática del Congo supera los tres millones de personas, aunque el tribunal sólo podrá perseguir los 5.000 crímenes cometidos en el último año. Ello porque la CPI, nacida en 1998 y en funciones desde 2002 en La Haya, está facultada para juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad, además de genocidio, cometidos a partir del momento de su apertura. Si bien nadie tiene inmunidad ante sus jueces, ya sean jefes de Estado o de Gobierno, diputados o mandos militares y civiles, su competencia se limita a los delitos cometidos en países o por ciudadanos de aquellos Estados que hayan ratificado el Estatuto fundacional de Roma. Entre los mismos aparecen todos los de la Unión Europea, pero no así EE UU, Rusia, Israel o India.
