El Ayuntamiento de Barcelona pide que la Generalitat le ceda los geriátricos

El Departamento de Bienestar y Familia y el Ayuntamiento de Barcelona reanudarán las negociaciones para "desbloquear" la creación del Consorcio de Servicios Sociales y el traspaso al consistorio de los geriátricos y centros de día para ancianos, entre otros servicios sociales especializados. La cesión de estas competencias ya estaba prevista en la Carta Municipal aprobada por el Parlament en 1998.

El concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Barcelona, Ricard Gomà, lamentó ayer que la "falta de diálogo" entre el consistorio y el anterior Gobierno de la Generalitat, de CiU, ha mantenido "bloqueado" hasta hoy el despliegue de la Carta Municipal en materia de servicios sociales.

La Carta, aprobada por unanimidad en el Parlament hace seis años, establecía el traspaso de varias competencias al Ayuntamiento y la creación de consorcios, integrados por el consistorio y la Generalitat, para planificar de manera coordinada los distintos servicios en la ciudad. "El de Servicios Sociales es el único de los consorcios previstos en la Carta Municipal que ni siquiera se ha constituido", recordó ayer el concejal.

Tanto Ricard Gomà como la nueva consejera de Bienestar y Familia, Anna Simó, se han mostrado dispuestos a reanudar el diálogo para "desbloquear" el consorcio en una reunión que mantendrán en los próximos días. El Ayuntamiento, sin embargo, planteará que las negociaciones no se limiten a la constitución de este organismo, sino que incluyan también el traspaso de competencias de los servicios sociales especializados, una cesión a la que el anterior Gobierno de CiU siempre se había mostrado reacio.

Las dos administraciones tendrán que pactar qué equipamientos que ahora pertenecen al Gobierno catalán pasarían a ser de titularidad municipal. Fuentes del Ayuntamiento indican que en la lista para negociar figuran las residencias asistidas y los centros de día para ancianos, las residencias para personas discapacitadas y los equipos de atención a la infancia y la adolescencia. Además, la Generalitat dejaría en manos municipales las oficinas de Bienestar y Familia que tiene en cada distrito de la ciudad.

Junto a la titularidad de los equipamientos, la Generalitat debería traspasar la dotación económica para gestionarlos y el personal. "Se trata de un proceso complejo que no se podrá resolver en cuatro días, pero lo importante es que abramos el diálogo y evaluemos cuál es la opción más adecuada", afirma Gomà.

En Cataluña, los ayuntamientos asumen las competencias de los servicios sociales de atención primaria, entre ellos los comedores sociales, los centros de acogida para indigentes y los equipos de atención urgente a mujeres maltratadas o inmigrantes.

Los servicios especializados, en cambio, son generalmente competencia de la Generalitat, aunque en algunos casos los ayuntamientos se encargan de gestionar y tramitar las peticiones de los ciudadanos para acceder a estos recursos, como la acogida de mujeres maltratadas en pisos o de ancianos en residencias y centros de día. Para la prestación de algunos servicios sociales, como la atención domiciliaria, la Generalitat aporta a los ayuntamientos recursos económicos, aunque los municipios se quejan de la insuficiencia de las ayudas del Gobierno catalán.

En el caso de Barcelona, los enfrentamientos con la Generalitat por el déficit de recursos que la Administración autonómica cede para la prestación de servicios sociales han sido continuos. El consistorio ha acusado en varias ocasiones al Gobierno catalán de marginar a la capital catalana por la escasa inversión en plazas públicas de geriátricos en una de las ciudades más envejecidas de Europa.