Huelguistas contra consumidores

Tuvieron que permanecer bajo la lluvia durante varias horas esperando un autobús que jamás habría de llegar; han intentado en vano desplazarse en coche a sus puntos de destino, pero nadie ha podido salir del embotellamiento de un tráfico enloquecido. Frente a la estación de la Ferrovía Norte, un grupo de ciudadanos enfurecidos ha intentado pinchar las ruedas de cuatro vehículos que estaban tan tranquilos en la parada de taxis. A principios del pasado diciembre, la huelga de transportes, que se desencadenó de improviso en Milán, puso a la ciudad de rodillas. Ese día, en las marquesinas de las paradas de autobús milanesas entraban en conflicto dos de los derechos fundamentales que han hecho la historia de Europa: el de los trabajadores, a cruzarse de brazos en defensa de sus salarios, y el de los ciudadanos, a circular sin impedimentos.

La paradoja, subraya Guglielmo Epifani, secretario de la CGIL, el mayor de los sindicatos italianos, es que "esto ocurre en el país europeo en el que las huelgas de los servicios públicos están sujetas a mayor número de reglamentaciones". La ley que regula las huelgas de los servicios públicos data de junio de 1990, ha sido actualizada hace cuatro años e impone a los sindicatos la obligatoriedad del preaviso y del mantenimiento de las actividades esenciales que le competen. Eso significa que en el transporte hay que garantizar el servicio en las horas de mayor afluencia, con lo que la ley es tan severa que más bien parece señalar la existencia del problema que aspirar a resolverlo. Philippe Malinge, sindicalista de la CFDT francesa, que tiene a su cargo los intereses del personal de los servicios públicos, frunce el ceño ante la idea de que en Francia pudiera aprobarse una ley que regulara la huelga de semejantes sectores. "Es una promesa electoral de Chirac que el Gobierno quiere cumplir ahora", apunta Malinge, "pero no creemos que sea una buena idea. En un momento como éste en el que el diálogo entre los actores sociales en Francia está bloqueado, regular la huelga de los servicios públicos sería como buscar el enfrentamiento directo". La solución, a su juicio, consistiría en "extender a todos los sectores de los servicios públicos el modelo que ha funcionado bien con la RATP, la sociedad gestora del metro de París".

Ese modelo no es del todo inédito en Europa. Se basa en el principio que los alemanes llaman del enfriamiento. Antes de llegar a la huelga, los sindicatos parisienses y la Administración se comprometen a reunirse hasta encontrar una solución o, como alternativa, a plasmar en un documento oficial las razones que asisten al conflicto. Y lo más importante es que las obligaciones respectivas no están contenidas en una ley, sino en un acuerdo sindical, como ocurre con gran parte de los servicios públicos en Alemania: "La normativa alemana", explica Harold Reutter, del sindicato Verde, que representa a los empleados de los servicios públicos, "contempla la huelga como última posibilidad, sólo cuando todas las tentativas de solución hayan fracasado". La ley prevé la posibilidad de que los poderes públicos actúen como árbitros, pero sin que ello constituya una obligación. "Para que ese recurso a la autoridad sea obligatorio ha de hacerse constar así en los contratos laborales de los empleados públicos", continúa Reutter. Éste es un sistema que parece haber dado buena prueba de su utilidad al evitar la prolongación indefinida de huelgas, como en 1992, cuando pararon durante 11 días gran parte de los servicios.

El camino de la reglamentación por medio de ley se ha probado también en España. La Constitución garantiza el funcionamiento de los servicios "esenciales para la comunidad" y el Tribunal Constitucional ha dado una interpretación deliberadamente flexible de la norma estableciendo que "un servicio público es esencial no tanto por su propia naturaleza como por las expectativas que cree en el público". Hasta la fecha, sin embargo, no se ha aprobado una ley que verse directamente sobre el problema y corresponde a las autoridades locales establecer, caso por caso, cuáles son las condiciones mínimas a cumplir. "En determinados momentos", explica Manuel Higueras, del sindicato de empleados públicos de CC OO, "no hemos estado de acuerdo con los límites establecidos por el poder local. Impugnamos entonces la reglamentación en los tribunales y en unas ocasiones perdemos y en otras ganamos". Las últimas grandes huelgas de los servicios públicos españoles datan de 1997, cuando el Gobierno del Partido Popular congeló los salarios. "En realidad", añade Higueras, "más que leyes o decretos, lo que funciona de verdad son las negociaciones entre las partes. Hace dos años que hemos firmado un nuevo contrato sectorial y hasta ahora no ha habido ninguna interrupción de los servicios".

La evidencia de que la negociación y el consenso entre los partidos sea la mejor manera de evitar la parálisis de los servicios públicos la reconoce todo el mundo. "Cuando la exasperación de los conflictos llega al nivel que en este momento ha alcanzado en Italia", dice Epifani, "no hay ley de hierro que valga". Lo cierto es que cuando un contrato ha expirado ya hace dos años y medio y los salarios no llegan a los 1.000 euros mensuales es difícil garantizar la paz social. "En Alemania", agrega Reutter, "el salario medio de un chófer de servicios públicos es de 2.300 euros". En algunos casos, según Epifani, "la Administración se ha aprovechado de los límites al derecho de huelga impuestos por la ley para dejar que se pudriera la situación. Si se quiere más severa la ley, hay que imponer obligaciones tanto a la Administración como a los empleados".

La cuestión es muy delicada y está en pleno debate en Europa. La UE, por su parte, ha preferido no entrar en una discusión de la que podrían derivarse limitaciones al derecho de huelga. La comisaria de Bruselas para Asuntos Laborales, Anna Diamantópoulos, afirma que "el problema no es de competencia comunitaria". Las leyes y la sensiblidad pública varían de país a país, sin olvidar que con el ingreso en la UE dentro de unos meses de varios países de la Europa del Este, las diferencias no harán sino aumentar. Walter Cerfeda, italiano, miembro de la secretaría del CES, confederación de sindicatos europeos, dice: "La tentación de reglamentar por ley el derecho a la huelga de los trabajadores de los servicios públicos es típica de la cultura mediterránea, mientras que en la Europa del Norte se prefieren mecanismos de control basados en el enfriamiento del conflicto, como en Alemania, o en puras relaciones de fuerza como en Inglaterra". La reciente protesta de los trabajadores del metro de Londres contra el plan de privatización del primer ministro Tony Blair ha concluido con la retirada del proyecto, ante la huelga masiva de los conductores del metro y la amenaza de las Trade Unions de dejar de financiar al Partido Laborista. "El caso inglés", comenta Cerfeda, "es, pese a todo, particular. Las cosas funcionan generalmente mucho mejor cuando sindicatos y Administración pueden garantizarse recíprocamente que hay límites que ni unos ni otros excederán. Por ello, cuando se llega a legislar sobre el asunto a menudo es porque esos límites han sido vulnerados o están a punto de serlo". Y el pulso que entonces se produce viene dado por el nivel de indignación de los ciudadanos en espera de un refugio contra la lluvia, como las marquesinas de las paradas de autobús.