La abstención de Batasuna permite al tripartito tramitar la ley universitaria

Los miembros del tripartito respiraron ayer con alivio al comprobar como Sozialista Abertzaleak (SA), el grupo heredero de Batasuna, se abstenía al votarse la toma en consideración de la proposición de ley del Sistema Universitario Vasco, dando vía libre así a su tramitación. Sin embargo, no se trata de un cheque en blanco. SA justificó su abstención por la existencia de un pacto con el tripartito que le ha permitido incorporar más de 50 enmiendas, algunas directas y otras transaccionadas, y advirtió de que su apoyo final dependerá de que el texto se mantenga como está.

El portavoz de Sozialista Abertzaleak en el debate, Joseba Álvarez , sólo habló cuando terminaron las votaciones. Con los miembros del tripartito disfrutando de su nueva oportunidad para sacar adelante el proyecto legislativo estrella del Departamento de Educación tras el fracaso de diciembre, Álvarez enfrió el ambiente y dejó muy claro que el futuro pasa por las manos de su partido, ya que PP y PSE se oponen frontalmente. "La tramitación de la ley sigue porque nos ha aceptado muchas enmiendas [el tripartito] y cuando Batasuna pacta, cumple su palabra. Tenemos un acuerdo y la ley saldrá adelante, pero el texto se debe quedar como está ahora o con algunas mejoras", sentenció.

Martín Aramburu, responsable de cuestiones educativas de EA y presidente de la Comisión de Educación, circunscribió ese supuesto pacto al contacto que el tripartito mantuvo con SA en el seno de la ponencia que tramitó por primera vez el proyecto de ley y donde también estuvieron presentes populares y socilistas. "Se habló con todos", recalcó.

Sin embargo, las declaraciones de Álvarez espolearon a los representantes del PSE y del PP, que cargaron con dureza contra el tripartito y, en especial, contra el lehendakari Ibarretxe y el nuevo presidente del PNV, Josu Jon Imaz, a los que acusaron de incumplir el compromiso de no pactar con SA si no rechaza antes la violencia.

El texto que inicia una nueva andadura en el Parlamento integra el proyecto de ley original elaborado por el Departamento de Educación con las 115 enmiendas que el Gobierno aceptó a SA, PSE y PP en la primera tramitación. Precisamente, la aprobación de las propuestas a Batasuna fue el detonante de la crisis que terminó con el proyecto rechazado. Populares y socialistas retiraron sus enmiendas y, ante las perspectiva de sacar la ley gracias exclusivamente a Batasuna, el PNV dio marcha atrás. Desdeñó sus enmiendas y abrió un conflicto con su socio EA, que estaba dispuesto a llegar hasta el final. Ahora, el tripartito ha hecho suyas las enmiendas de toda la oposición, las ha refundido con el proyecto del departamento y argumenta que se trata de un texto que goza de un consenso "político y social".

A finales de febrero

De momento, el Gobierno tiene una nueva oportunidad para tramitar el proyecto, que se realizará por el procedimiento de urgencia. Si los plazos se cumplen, a finales de febrero (en torno al día 20 o el 27) se celebrará el pleno decisivo en el que se aprobará o rechazará. El plazo de presentación de enmiendas se abre el 2 de febrero. Después, una ponencia las discutirá, el dictamen pasará luego a comisión y después al pleno.

El PP no ha decidido todavía si participará en estos trabajos. El PSE seguirá en el proceso hasta el final. Su portavoz para temas educativos, Isabel Celaá, ha anunciado que su partido hará nuevas aportaciones, pero que intentará por todos los medios que se retiren las enmiendas aceptadas a Batasuna y algunas de las que han introducido los grupos parlamentarios del tripartito. Martín Aramburu pidió a la oposición que piense en clave universitaria y no de forma partidista.

El vicerrector de Profesorado de la Universidad del País Vasco (UPV), Víctor Urrutia, pronostica serias dificultades para la futura ley si finalmente se aprueba como está ahora, informa Iñigo Marauri. "Algunas de las enmiendas que recoge el texto no pasan el control de legalidad", advierte.

Para Urrutia, varios preceptos vulneran algo más que la propia Ley Orgánica de Universidades (LOU), como la fórmula de contratación del profesorado que haya estado en la UPV durante cinco años y ahora no ejerza. En cuanto al futuro del profesorado no estable, confía en que el Gobierno arbitre una solución, aunque insiste en que Educación ha errado. "El caso de la Agencia de Acreditación es claro. Se podía haber elaborado una norma exclusiva, y haberlo hecho por consenso. Pero no ha sido así", lamenta.