El Hilo Rojo de Holanda

Holanda (16 millones de habitantes) legalizó los burdeles en octubre de 2000 en un intento de equiparar el negocio del sexo a cualquier otra empresa y eliminar así la prostitución de menores y la explotación de inmigrantes ilegales. La ley obliga a las prostitutas, unas 30.000 en cifras oficiales, a darse de alta como trabajadoras y a pagar impuestos. Por su parte, los dueños de las casas públicas deben pedir un permiso municipal de explotación, garantizar la seguridad e higiene del local y tener a sus empleados en regla. El tráfico de personas o la prostitución forzada se penalizan hasta con 6 años de cárcel. Las trabas burocráticas han provocado que algunos burdeles hayan cerrado, al no obtener el sello oficial.

Según un informe del Ministerio de Justicia en 2002, la desidia administrativa ha entorpecido la mejora de la situación de las prostitutas. Una visión compartida a medias por El Hilo Rojo, el sindicato del colectivo: "Legalizar los burdeles supuso una gran oportunidad para modificar nuestra situación laboral y la emancipación que ello conlleva. Hay que entender que el proceso es lento", señala una portavoz. Los críticos de la norma aducen que la transparencia en los burdeles ha trasladado a los menores sin papeles a regiones apartadas más difíciles de supervisar. Pero, para El Hilo Rojo, el problema de los ilegales de toda clase es del Ministerio de Exteriores, y no iba a mejorar con una norma sobre burdeles.