Bruselas abre expediente a España por no pagar a los autores al prestar sus obras

La Comisión Europea informó ayer de la apertura de procedimientos de infracción contra España, Italia, Irlanda y Portugal, al considerar que estos países vulneran la normativa comunitaria al permitir el préstamo de libros, discos compactos y películas sin pagar o pedir la autorización al autor. Una directiva comunitaria de 1992 establece que los autores u otros titulares de derechos de propiedad intelectual tienen la exclusividad del derecho de préstamo y pueden por tanto autorizar o prohibir el préstamo público de sus obras u objetos protegidos. No obstante, la norma permite a los Estados miembros establecer excepciones a esta disposición, pero si fijan a cambio un derecho de remuneración económica para los autores. La directiva no fija la cantidad del pago, pero sí establece principios para que no sea "desorbitada", según explicó el portavoz del comisario europeo de Mercado Interior, Frits Bolkestein.

Tras analizar el grado de aplicación de esta normativa en los distintos Estados miembros, la Comisión decidió iniciar varios procedimientos de infracción. En los casos de España, Italia, Irlanda y Portugal, Bruselas denuncia que las legislaciones nacionales eximen a todos los establecimientos de préstamo de la obligación de remunerar a los titulares, lo que choca frontalmente con la normativa europea, que sólo permite determinadas excepciones.

"No se trata de acabar con el préstamo gratuito de las bibliotecas o mediatecas", dijo el portavoz. "De lo que se trata es de que estas entidades recompensen al autor como corresponde".

Además, la Comisión ha abierto expedientes a Luxemburgo y a Francia por no tener en vigor el conjunto de la legislación comunitaria sobre préstamos públicos. Y ha abierto otro expediente a Portugal, por no respetar la legislación sobre el derecho de alquiler comercial.

Los Estados miembros afectados deberán ahora informar a la Comisión de las acciones que van a emprender para adecuar su legislación a la normativa comunitaria. Si sus respuestas no son satisfactorias, el Ejecutivo europeo podría denunciarles ante el Tribunal de Justicia de la UE, como ya hizo con Bélgica, Estado al que la Corte condenó el pasado octubre por este motivo.