"Cataluña no ha aumentado su musculatura tecnológica"

Jordi Valls, abogado de 43 años que desde 1995 ocupa la alcaldía de Manresa -"fue la primera ciudad que experimentó el tripartito PSC, ERC e IC V, y todavía dura", reivindica-, lleva varios años en otra batalla. Desde la presidencia de Localret, un consorcio de 784 ayuntamientos que representan al 99% de la población de Cataluña, predica la necesidad y la urgencia de implantar las nuevas tecnologías, y sin brechas, por todo el territorio. Valls, exponente de una incipiente nueva generación de voces en el PSC, resume el problema de las infraestructuras de telecomunicaciones en Cataluña cuando explica que en su casa accede a Internet a gran velocidad mediante la tecnología ADSL. "Una capital de comarca como Manresa computa como conectada, porque el cable llega a la ciudad, pero no está desplegado por ella".

"Podemos hacer infraestructuras para que se pueda competir con Telefónica"

Pregunta. Localret agrupa a ayuntamientos de todos los colores políticos, pero se les ha acusado de funcionar de hecho como un contrapeso político socialista al Gobierno de CiU.

Respuesta. No es cierto. Localret tuvo sus posiciones en materia de telecomunicaciones, pero nunca jugó como instrumento de oposición al Gobierno. Otra cosa es que la composición electoral de los municipios quedase reflejada en nuestros órganos de gobierno, igual que a partir de nuestra próxima asamblea, que se celebrará este mes, deberá reflejarse el mayor peso actual de ERC y de ICV. Buscamos el consenso crítico. En estos años, todos hemos evolucionado. En su recta final, el anterior Ejecutivo pasó a defender la necesidad de inversión pública en telecomunicaciones, que no defendía antes. Y aunque nosotros seamos dogmáticos con el cable por su superior calidad tecnológica, entendemos las dificultades para el retorno de las inversiones y la existencia de otras opciones para el despliegue de la banda ancha en el territorio.

P. Pero Localret ha sido muy crítica con proyectos tan importantes como la Administración Abierta de Cataluña (AOC), para realizar gestiones por Internet.

R. Sí, lo hemos sido. Pero no con la Agencia Catalana de Certificación, que creamos todos juntos. La AOC es nueva como idea, pero no deja de ser una sociedad que viene del Gobierno de la Generalitat, que determina sus objetivos, y no afronta la interconexión de las bases de datos con los ayuntamientos. Tecnológicamente es complicado y políticamente no existe costumbre de que municipios y Generalitat compartan información, aunque se ha ido mejorando. En el anterior Gobierno, detectamos falta coordinación entre departamentos. Había diferencias internas importantes.

P. ¿Pero el PSC tiene un auténtico plan de telecomunicaciones?

R. Debería preguntárselo al PSC. Yo creo que tiene un plan; pero, como todo, con un problema: la necesidad de una cuantificación económica. El plan parte de que hay que tomarse las nuevas tecnologías como una de las principales prioridades de este país para mejorarlo todo, desde su industria hasta la calidad de vida del ciudadano. No son un aspecto de modernidad, sino de transformación.

P. El 96% de los catalanes pueden acceder a Internet a gran velocidad, pero no llega al 6% la proporción de hogares conectados. ¿Qué está fallando?

R. Falla que de forma individual nos planteamos conectarnos con banda ancha en el momento en el que vemos que podemos amortizar el coste de la banda ancha según nuestro uso, nuestro consumo de Internet, cuando el planteamiento debería ser el contrario. Usarás Internet cuando tengas banda ancha.

P. ¿Por qué es tan dogmático con el cable? ¿Por qué necesitamos el cable si ya podemos conectarnos con ADSL u otras tecnologías?

R. Como usuario, le doy la razón. Si con un Ford Focus se puede tirar, no se necesita un Mercedes. Pero como Administración, tengo que poner una infraestructura que permita aguantar la demanda dentro de 10 o 15 años.

P. Pero a los operadores privados no les resulta rentable desplegar red en todas partes.

R. Evidentemente, es comprensible. Estamos por la inversión pública y por que empiece primero por las zonas que están peor. Nosotros defendemos que se hable con los diferentes operadores de servicios públicos y privados que tengan red para ver si puede haber una posición de acuerdo para aprovechar las diferentes redes que hay en el territorio.

P. El anterior Gobierno se despidió aprobando un operador público, Cat-Telecom, que no llegó a crear. ¿Cómo lo ve?

R. Lo valoro como idea, pero no sé qué hay detrás. La iniciativa nació hace menos de dos meses y nadie me ha explicado qué es. Sólo tengo intuiciones. Se puede entender que el Gobierno de CiU ha hecho una matización sobre sus posiciones iniciales, porque no era partidario de la inversión pública en telecomunicaciones. Sin una red alternativa, no habrá un mercado estable y en competencia, ni en contenidos ni en nada.

P. ¿Sueña con un Euskaltel?

R. Lo admiro por una sola cosa: ha conseguido que exista en Euskadi competencia en infraestructuras. Pero no hemos de crear un operador de telecomunicaciones nuevo que le haga la competencia a Telefónica. Primero, porque ahora es imposible. Y no tendría suficiente dimensión para ser viable. Pero sí podemos hacer infraestructuras de telecomunicaciones a disposición de otros operadores.

P. Pero eso es Cat-Telecom, aunque llegara tarde.

R. Hemos perdido cuatro años.

P. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ¿no puede oponerse?

R. La CMT, mientras cubras necesidades de banda ancha de territorios adonde el mercado no quiera ir, no entiendo ni por qué debe opinar. ¿Por qué no se hizo con telecomunicaciones lo mismo que con Red Eléctrica, con Enagas?

P. El proyecto de Localret costaba 360 millones de euros. Tal como están las arcas públicas, ¿cómo explicarle al nuevo Gobierno que las telecomunicaciones van antes que la sanidad o la educación?

R. Lo prioritario son los servicios que piden los ciudadanos. Enseñanza y sanidad son prioritarios. Lo que decimos es que en las partidas presupuestarias voluminosas para ambas políticas debería tenerse en cuenta una estrategia de telecomunicaciones incluida. No hay dicotomía entre sanidad y tecnología. Ningún departamento, ninguna actividad económica ni cultural es ajena a la tecnología.