¡Menos lobos!

Con toda seguridad, los dirigentes del PP aprendieron en su más tierna infancia una versión censurada del cuento que narra las andanzas de un pastorcillo que alarmaba a los aldeanos diciendo "¡que viene el lobo!, ¡que viene el lobo!". Versión limitada, porque el mensaje de esta historia contada en su integridad es el de una severa advertencia a aquellos pícaros que, confiados en la buena fe de las personas, falsean la realidad creando alarmas del todo punto inexistentes e injustificadas.

La financiación autonómica es una de ellas. Todavía resuenan en el Parlamento andaluz las manifestaciones del señor Arenas, en agosto de 1994, sobre el desastre que supondría la cesión del 15% del IRPF. La misma persona que dos años más tarde defendió sin rubor alguno una cesión del 30% del mismo impuesto, dentro de un sistema que ignoraba la existencia de más de un millón y medio de españoles (1.625.130). Como también todavía resuena en mis oídos la pretendida inviabilidad técnica -esgrimida por el PP (señores Rajoy y Rato)- de basar parte de la financiación en un conjunto de figuras tributarias (cesta de impuestos). Inviabilidad que, súbitamente, desapareció tras una inspiración -no sabemos si divina o mariana- que tuvo el ministro Zaplana sobre la conveniencia de crearla y que, como gran novedad, fue incluida por sus antiguos detractores en el sistema de financiación de 2001.

Hoy, más de lo mismo. Los responsables del PP vuelven a las andadas con un discurso extremadamente agresivo dirigido a sembrar la inquietud en la ciudadanía de una posible desintegración del país, especialmente desde el pacto de gobierno alcanzado entre las fuerzas progresistas de Cataluña. El último botón de muestra de este despropósito lo tiene la aberrante afirmación del señor Aznar, con ocasión de la reciente Pascua Militar, de que los socialistas buscan "romper" el Estado.

La sola lectura de los aspectos más sustanciales de la propuesta socialista sobre el sistema de financiación disipa estos temores y deja en evidencia al PP. No, señor Aznar, no vamos a romper el Estado por querer revisar el sistema de financiación, como tampoco lo hizo el PP en las dos últimas revisiones del mismo. A este respecto, el sistema actualmente vigente supuso indudablemente un paso positivo, pero ello no determina que tenga que ser el último. Quienes apuestan por esa insostenible idea de permanencia confunden el concepto de estabilidad con el de inmovilismo -probablemente porque este último concepto responde a la quintaesencia de la forma de pensar del PP-. El sistema de financiación debe ser estable, pero ello en modo alguno significa que deba quedar cerrado a la posibilidad de ser revisado. Debe ser la propia posibilidad de revisión la que ofrezca estabilidad.

En este sentido, el sistema de financiación no puede estar anclado en un Estado centralista, sino que debe estar en consonancia con la estructura política y administrativa del Estado que existe en la actualidad, y que se caracteriza por estar fuertemente descentralizado, con comunidades autónomas (CC AA)plenamente consolidadas que disponen de un ámbito competencial propio en el que se incluye algunos de los servicios públicos fundamentales.

Las CC AA, para desarrollar la autonomía política que la Constitución les atribuye, deben disponer en el ámbito financiero de una autonomía que les permita tener una política presupuestaria propia, también desde la vertiente del ingreso. Es decir, las CC AA deben poder unir a la autonomía del gasto una autonomía del ingreso. Para hacer esto posible, se puede deslindar un espacio fiscal propio para las CC AA constituido por un conjunto de figuras tributarias definidas por consenso, sobre las que deben disponer de las más amplias competencias normativas, así como las relativas a la gestión de las mismas, en el sentido general del término.

El ejercicio de estas competencias podrá llevarse a cabo, entre otras alternativas, por agencias tributarias propias de las CC AA, bajo el más absoluto respeto a los principios de armonización fiscal y coordinación con la Hacienda estatal, especialmente en lo que se refiere al intercambio de información y la lucha contra el fraude fiscal.

Además de este espacio fiscal propio, debe existir uno compartido por el Estado y las CC AA que comprenderá otras figuras tributarias, definidas igualmente por consenso.

No, señor Aznar, no estamos proponiendo 17 guardias civiles, ni 17 agencias tributarias más. Proponemos para las CC AA la misma forma de gestión que ya tiene el gobierno central, de modo que las CC AA puedan llevar a cabo una gestión más eficaz en sus respectivos espacios fiscales propios y, al mismo tiempo, actúen, junto con la Hacienda estatal, de manera más coordinada en el espacio fiscal compartido -bien a través de un consorcio, bien mediante cualquier otra figura que permita esta coordinación-. Eficacia en la gestión, señor Aznar, que, lejos de quebrar la columna vertebral del Estado, se traducirá en un mejor servicio público al ciudadano.

Estos espacios fiscales deben complementarse con un Fondo de Garantía que asegure el principio de igualdad consagrado por la Constitución, de forma que los servicios traspasados se puedan prestar en todos los territorios a un mismo nivel. Su cuantía vendrá determinada por la diferencia entre las necesidades de financiación y el rendimiento normativo del espacio fiscal de cada comunidad autónoma, y debe incluir la corrección automática -no considerada en la actualidad- de los ingresos del sistema como consecuencia de la modificación de las normas estatales que incidan en los recursos de las CC AA, ya sea fijando un mayor nivel de gasto, ya sea minorando sus ingresos.

Tampoco rompemos el Estado, señor Aznar, sino todo lo contrario, cuando proponemos, de acuerdo con los apartados 1 y 2 del artículo 138 de la Constitución, reforzar el FCI y nivelar la financiación de las CC AA de régimen común respecto a las de régimen foral.

El sistema se actualizará anualmente y se revisará cada cinco años. En este sentido, habrá que seguir con una especial atención la evolución de aquellas funciones de gasto que por razones demográficas y socioeconómicas tienen objetivamente un comportamiento estructural más expansivo.

Después de esta exposición, queda claro que sobran los alarmismos. Sólo aquellos que, como el señor Aznar, consideran que todo es inconstitucional pueden pretender que esta propuesta quiebre el Estado. Sólo desde la más absoluta irresponsabilidad se puede alegar que esta propuesta acabe con la idea de España.

La verdad y el sentido común acaban por prevalecer, y esta propuesta tarde o temprano fructificará. Las CC AA podrán disponer de un espacio fiscal propio y participar en uno compartido que les permitirá desarrollar de forma aún más satisfactoria las competencias asumidas, y que hará que España sea un Estado en el que se combinen adecuadamente igualdad y diversidad.

Magdalena Álvarez Arza es consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.