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Indulto bajo presión

El periodista marroquí Alí Lmrabet nunca debió haber sido procesado. Tampoco condenado. Y todavía menos encarcelado. Pero el indulto decretado ayer por el rey Mohamed VI refleja al menos una voluntad de apertura y de diálogo. Le acompañan otros 32 indultos, entre ellos a seis periodistas más condenados por diversos supuestos delitos con penas muy severas.

Los juicios son todos posteriores a los atentados del 16 de mayo en Casablanca, que llevaron a los tribunales por terrorismo a 1.600 personas sin las debidas garantías procesales y que fueron condenados a penas sumamente duras. El gesto real se acompaña con la creación de un organismo, la Instancia de Equidad y Reconciliación, destinado a "cerrar definitivamente" las negras páginas de violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Marruecos. Lograrlo sería un paso capital en la transición hacia la democracia.

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Lmrabet llevaba siete meses en la cárcel de Salé tras una condena a tres años por ultraje al rey, meramente por informar sobre la posibilidad de que el palacio real de Sjirat, cerca de Rabat, hubiera sido puesto en venta. La condena fue un intento de acallar a un periodista que dirigía dos medios satíricos, uno en árabe y otro en francés, críticos con el régimen. A pesar de su encarcelamiento, Lmrabet siguió publicando sus artículos escritos desde la cárcel en diarios extranjeros, entre ellos EL PAÍS. Se hallaba en huelga de hambre desde el 30 de noviembre para protestar por las condiciones carcelarias y exigir un tratamiento de preso político.

El indulto y liberación de Lmrabet han venido precedidos de una intensa campaña internacional en medios y organizaciones profesionales y de defensa de los derechos humanos, y de una discreta pero efectiva presión por parte de los Gobiernos de EE UU y de España. Marruecos está pendiente de la firma de un acuerdo comercial con Estados Unidos que contempla un horizonte de libre cambio y de la toma de posición del Consejo de Seguridad sobre el contencioso del Sáhara. La visita de Colin Powell a Marruecos y la audiencia del monarca alauí a Aznar el pasado mes de diciembre pudieron resultar así decisivas para que Rabat haya realizado un gesto en política de derechos humanos de la que puede sacar buen rendimiento en términos de imagen y de relaciones internacionales.

El sistema político marroquí debería garantizar que un caso como el de Lmrabet no vuelva a repetirse. La libertad efectiva de expresión y de información da la medida de la credibilidad de las transiciones hacia la democracia y es una palanca para el cambio y la modernización de cualquier país. Coartarla implica reforzar a los intransigentes que para conservar sus privilegios intentan silenciar toda crítica.

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