El Gobierno catalán toma drásticas medidas de austeridad para potenciar la inversión

El Gobierno catalán estrenó ayer el año 2004 con un acuerdo que repercutirá sobremanera en la orientación del gasto público. El Consell Executiu aprobó un plan de austeridad presupuestaria que se traducirá en la reducción en un 2% del gasto corriente de los 17 departamentos gubernamentales, incluido Presidencia. Una cantidad, cifrada en torno a los 274 millones de euros, que se destinará íntegramente a inversiones. Esta drástica medida irá acompañada de una disminución del número de altos cargos, que afectará a directores generales y asimilados.

El estado de las cuentas públicas catalanas preocupa, y mucho, al Gobierno tripartito de izquierdas que preside el socialista Pasqual Maragall. Prueba de ello es que una de las primeras medidas del Ejecutivo catalán fue encargar una auditoría de las cuentas heredadas de Convergència i Unió. Los resultados de este informe se conocerán al tiempo que se aprueben los Presupuestos para 2004, los primeros de la izquierda catalana, previsiblemente antes de verano.

De momento, y a la espera de las sorpresas financieras que puedan encontrar los nuevos inquilinos de la Generalitat, Maragall ordenó ayer a su Gobierno que bajo la supervisión del consejero de Economía y Finanzas, Antoni Castells, se proceda a una drástica reducción del gasto público. La totalidad de consejeros tendrán la obligación, de cara al Presupuesto de 2004, de reducir los gastos corrientes -personal, aprovisionamientos, financieros y corrientes- en un 2%.

El Presupuesto de la Generalitat, en sentido estricto, sin incluir organismos autónomos, de 2003 prorrogado por el actual Gobierno, destinaba a estos cuatro capítulos 13.691 millones de euros. El 2% representa la cifra de 274 millones de euros (más de 45.000 millones de las antiguas pesetas) que se ahorrará en gasto corriente el actual Ejecutivo de izquierdas.

Recortar el gasto corriente ha sido una de las principales batallas políticas del equipo económico del Partit dels Socialistes. Ya en la oposición, durante la anterior legislatura, los socialistas denunciaron la "incapacidad" del Gobierno de Jordi Pujol para "contener el gasto corriente" en perjuicio de la inversión.

Y es precisamente este déficit el que se ha propuesto paliar el Gobierno catalán. Los 274 millones de euros que pretende ahorrarse en gastos corrientes se destinarán íntegramente a inversiones para "así poder cumplir los compromisos electorales de los partidos del Gobierno", según destacó ayer el portavoz gubernamental, Joaquim Nadal.

Dado que en el Presupuesto prorrogado el capítulo de inversiones asciende a 1.555 millones de euros, si el Gobierno consigue finalmente este trasvase presupuestario de 274 millones, la capacidad inversora de la Administración pública catalana aumentará un 17%. Y todo ello sin necesidad de recurrir al endeudamiento, que en el segundo trimestre de 2003 alcanzó el 7,6% del Producto Interior Bruto (PIB) catalán, según datos del Banco de España.

La austeridad que se ha fijado el Ejecutivo de Maragall incluirá también una considerable reducción en el número de altos cargos y personal de confianza, según anunció ayer Joaquim Nadal, aunque rehusó concretar la medida.

Altos cargos

Los datos sobre el total de personal de confianza en el anterior Ejecutivo de CiU varían según las fuentes y según los departamentos. Entre 15 y 20 por consejería. Así, la Generalitat nacionalista disponía de unos 30 secretarios, 65 directores generales, unos 260 subdirectores generales y otros 68 altos cargos, entre ellos, jefes de gabinete, directores de comunicación, asesores y directivos de organismos autónomos y empresas públicas. En principio, el tripartito pretende eliminar uno de cada cuatro puestos de rango superior.

Esta medida permitirá adelgazar el cuerpo de la Administración, pese al incremento del número de departamentos de la Generalitat, tan criticado por los partidos de la oposición, CiU y PP.

Además, en un gesto sin precedentes en la historia de la Administración catalana, el Gobierno de la Generalitat publicará a partir de ahora en el Diario Oficial los nombres de todas las personas que ocupen cargos de confianza, nombradas a dedo por cada consejero, y el sueldo que se les asigne. El Gobierno de CiU se negó siempre a difundir estos datos. Tan sólo se publicaron en una ocasión, gracias a la intervención del diputado de Esquerra Republicana Joan Ridao y la filtración le costó el cargo a la directora general de Función Pública.