Una auditoría concluye que la Iglesia de EE UU implanta medidas antipederastia

Una auditoría realizada por ex agentes del FBI para medir el progreso de la política contra la pederastia en la Iglesia católica de Estados Unidos ha concluido que el 90% de las diócesis han implantado las medidas preventivas adoptadas tras los escándalos de abuso sexual. Las organizaciones de víctimas, sin embargo, han recibido con escepticismo el informe, divulgado ayer, señalando que la opinión de los obispos ha tenido mucho más peso que la suya durante la investigación.

La llamada política de "tolerancia cero", aprobada hace año y medio por la Conferencia Episcopal tras los escándalos de pederastia que salpicaron a los sacerdotes, exige expulsar a los curas que hayan abusado sexualmente de menores, investigar el pasado de los sacerdotes diocesanos y del personal laico, adoptar códigos de conducta, implantar programas de apoyo a las víctimas y educativos para los padres que quieran aprender a identificar las señales de abuso. De las 194 diócesis de Estados Unidos, 20 han incumplido algunas de esas normas, "pero no porque se hayan negado sino porque no sabían bien como hacerlo", explicó el jefe de los auditores, William Gavin, ex agente del FBI.

Las organizaciones de víctimas han cuestionado la metodología empleada en la investigación. Aducen, por ejemplo, que los obispos han ejercido demasiado control al poder recomendar a quiénes se debía entrevistar. También se quejan de que los auditores no han tenido acceso completo a los archivos de personal y, por tanto, no han verificado si hay acusados de pederastia que, en vez de ser suspendidos o expulsados, hayan sido trasladados de parroquia en parroquia, como ocurrió en el pasado. "Después de años de fallos crónicos, ahora quieren que nos creamos que, milagrosamente, todo ha cambiado", afirmó Peter Isely, portavoz de Survivors Network of Those Abused by Priests.

Ex agentes del FBI

Para realizar la auditoría, 54 investigadores, en su mayoría ex agentes del FBI, recorrieron las diócesis de Estados Unidos entre junio y noviembre del año pasado.

La Iglesia católica ha pagado casi dos millones de dólares por la auditoría, que tiene previsto realizar anualmente a partir de ahora. No ha articulado, sin embargo, mecanismos o sanciones para hacer cumplir la política de tolerancia cero que se pregonó, dado que las diócesis, al ser autónomas, sólo tienen obligación de responder ante el Vaticano.

La Conferencia Episcopal estadounidense ha encargado también otra investigación para determinar el número de casos de abuso sexual cometidos por el clero desde 1950. Dicho informe está previsto para fines del mes de febrero.