¿Dónde pago el alquiler?

"¿Dónde hay que pagar? ¿Quién es el propietario?, ¿y el administrador? ¿Es que nos quieren echar como a los vecinos de al lado?". Todas esas preguntas se hacen, con una angustia terrible, un grupo de personas de edad avanzada en torno a una mesa camilla del piso de María de la Luz. Viven en el número 33 de la calle de Robadors, en el corazón de Ciutat Vella, en Barcelona. Es una zona en plena transformación urbanística, al lado de la nueva Rambla del Raval y frente a un inmenso solar en el que dentro de poco se levantará un hotel de lujo, oficinas, pisos.

La palabra inglesa mobbing (acoso) hasta ahora no les decía nada, pero ahora saben de qué se trata: la presión que se ejerce al inquilino para que se marche. Lo han visto en no pocas fincas del barrio. Para evitar que alguien les eche por no pagar, han depositado dos meses de alquiler en una cuenta del juzgado. Nadie les reclama el alquiler y temen que sea la primera maniobra; es una de las técnicas de los promotores que compran fincas con inquilinos y quieren actualizar las rentas, es decir, sustituir a los inquilinos con contratos indefinidos y rentas bajas por otros a los que se les exige la renta actual.

Pilar entró en su piso hace más de 20 años. "No había luz ni agua, pero me lo alquilaron".

El acoso inmobiliario se está agudizando en el centro de Barcelona. El verano pasado se denunciaron otros casos en el Casc Antic, también en Ciutat Vella. Es el distrito de la ciudad con una mayor concentración de inmigrantes (34%), buena parte en situación irregular, por lo que la proliferación de viviendas en las que se alquilan habitaciones es cada vez mayor. Además, la transformación que ha sufrido el corazón histórico de la ciudad lo ha convertido en un preciado bocado para el sector inmobiliario.

La voz de alarma la ha dado el párroco de la iglesia de Sant Agustí, Antoni Deulofeu, que ha acabado recurriendo a un abogado -cuyos honorarios asume la parroquia- para que se haga cargo del caso. "Cada vez son más las personas mayores que viven solas y son presionadas para conseguir que se marchen. Tienen miedo", resume.

El edificio del número 33 de la calle de Robadors tiene más de un siglo, como la mayoría de los que lo rodean. La prostitución ha formado parte del paisaje urbano del barrio durante decenios. Ahora también, pero es diferente. "Yo a las de antes, a las del barrio, las he visto crecer y hacerse viejas, como yo. Pero si eran casi como de la familia". Es Amapola Sanabre, de 66 años, que ha vivido en el primer piso de esa finca desde que nació. Cuenta que la prostitución que hay ahora es mucho más problemática: "A un lado de la calle están las africanas; al otro, las rumanas, y los chulos, cerca. A veces se pelean y muchas veces entran en la escalera para... ya sabes. Es que cobran poco".

Amapola, como María de la Luz, Juanita, Lolita, Pilar y Carlos, está jubilada. Los ingresos de ellas se limitan a una pensión de viudedad que apenas les da para comer y costear el alquiler, que no pasa de los 83 euros mensuales, aunque la cifra oscila. Esa cantidad paga, por ejemplo, María de la Luz, que vive en el tercero. Pero más abajo, en el primero y el segundo, tiene vecinos marroquíes y paquistaníes que pagan unas 100.000 pesetas. Cuentan que del piso de los paquistaníes entra y sale gente de forma muy frecuente: "Aquí no hay familias. Les alquilan las habitaciones". Lo dicen con la seguridad de haber visto extenderse ese fenómeno como una gota de aceite en todo el barrio. Lolita, que tiene contrato de arrendamiento desde 1935, asiente a lo que dice su vecina.

El estado de la propiedad evidencia que cualquier trabajo de conservación ha brillado por su ausencia. Estaban acostumbradas a que los propietarios de la finca se desentendieran de las humedades, de los problemas de las canalizaciones e, incluso, de caídas de trozos de techos. Pilar, de 76 años, recuerda que entró en lo que ahora es su piso hace más de 20 años: "No había ni luz ni agua, pero me lo alquilaron". Si pierde el piso no tiene adónde ir. Ha consignado en el juzgado los dos meses que nadie le ha querido cobrar. Todos enseñan los papeles que han recibido. No los acaban de entender y, sobre todo, les angustian.

La finca cambió de manos hace unos cinco años. "Nunca tuvimos problemas para pagar el alquiler", explica Carlos, que es el que ejerce de algo parecido a presidente de la escalera y ayuda a sus vecinas. Tiene 71 años, vive en el último piso de la finca y se ha ocupado de pintar y adecentar parte de la escalera. Y se nota.

El edificio cambió de manos y fue adquirido por una sociedad, denominada Ulist, SL, dedicada a la actividad inmobiliaria. Los inquilinos cuentan que detrás de ella estaban dos hermanos que llevan un tiempo pleiteando, entre otras cosas, a propósito de la propiedad de esa finca. Lo cierto es que hay una querella criminal por falsedad en trámite en el Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona. Durante los últimos dos años los recibos mensuales del alquiler los giraba por banco la Cámara de la Propiedad. En octubre pasado recibieron una carta de una administración de fincas, Agapi, que se les presentaba como la gestoría que se iba a encargar de todo lo relativo a los alquileres. Pero prácticamente 15 días después recibieron otra carta, de la misma gestoría, diciendo que renunciaban "por imposibilidad" de ejercer su trabajo "con la profesionalidad que es debido".

Desde entonces no saben dónde tienen que pagar. Recibieron otra carta de Ulist, SL, sin fecha, en la que se les requiere que abonen los alquileres en una cuenta corriente. Mientras, ha aparecido el nombre de otra firma, Sofic Investment, de la que no saben nada pero que, al parecer, puede ser la última propietaria del edificio, según un documento judicial. Nadie les da explicaciones sobre dónde están sus contratos originales de arrendamiento y mucho menos sobre de quién es la propiedad. Así las cosas, Carlos decidió acudir a los juzgados por su cuenta. "Yo no denuncio nada, lo que pido es que alguien me diga dónde tenemos que pagar para evitar que nos echen". De momento, el juzgado les ha indicado que consignen los alquileres en una cuenta bancaria judicial.