Justicia no podrá perseguir a Atutxa mientras Batasuna no reciba la subvención presupuestada

El Gobierno no podrá aplicar la reforma penal que prevé penas de tres a cinco años de cárcel para el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, por las subvenciones previstas en los Presupuestos del Parlamento vasco para el grupo Sozialista Abertzaleak (la antigua Batasuna) mientras éstas no se hagan efectivas, lo cual no sucede desde el pasado mayo. Y tampoco puede aplicar esa reforma del Código Penal por la aprobación el 16 de diciembre del presupuesto del Parlamento vasco que asigna subvenciones a SA para 2004, ya que entró en vigor después, el 27.

La reforma penal contra el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, ambos del PNV, no tendrá efectos respecto del primero mientras no haya constancia de que Sozialista Abertzaleak, el grupo que sustituyó a la antigua Batasuna, recibe las subvenciones aprobadas en el Presupuesto del Parlamento vasco el pasado día 16 de diciembre.

El presupuesto del Parlamento vasco, de 24,7 millones de euros para 2004, un 2,01% más que en 2003, prevé una subvención de 15.400 euros mensuales para cada grupo parlamentario, más otros 2.575 euros por cada uno de los escaños que lo integran, seis en la actualidad, dado que Josu Ternera se encuentra huido de la Justicia. Es decir, SA-Batasuna tendría que recibir alrededor de 30.000 euros al mes, el equivalente a unos cinco millones de pesetas.

Sin embargo, SA no recibe esta subvención desde que la Sala Especial del Tribunal Supremo acordó su disolución. De hecho, la orden de disolución contenía un apartado específico según el cual se decretaba "el embargo de las subvenciones, fondos y saldos de cuentas corrientes; se responsabiliza al Interventor general del Parlamento del reintegro de las cantidades entregadas al grupo Sozialista Abertzaleak desde el pasado 20 de mayo y de que no le abone cantidad alguna".

Advertencia

La advertencia de responsabilidad personal hecha por el Supremo al Interventor general de la Cámara cortó el grifo de las subvenciones, y desde mayo los parlamentarios de Sozialista Abertzaleak sólo perciben su sueldo de diputado, que para 2004 será de 57.833 euros brutos al año, alrededor de 10 millones de pesetas brutas.

La sentencia del Supremo que ilegalizó Batasuna ordenó la disolución del grupo parlamentario, pero no afecta a los derechos individuales de los parlamentarios.

La reforma del Código Penal, introducida a última hora y a toda prisa en el Senado, y aprobada colgando de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 26 de diciembre y entró en vigor al día siguiente, el sábado 27.

El texto introdujo tres nuevos artículos en el Código Penal, los dos primeros dirigidos a combatir el anunciado referéndum sobre el plan Ibarretxe y el último, el 576 bis) prevé penas de prisión de tres a cinco años, para "la autoridad o funcionario público que allegara fondos o bienes de naturaleza pública, subvenciones o ayudas públicas de cualquier clase a asociaciones ilegales o partidos políticos disueltos o suspendidos por resolución judicial" y para quienes observen la misma conducta respecto a "grupos parlamentarios o agrupaciones de electores" que, de hecho, continúen la actividad de los partidos disueltos.

Este precepto, destinado sin disimulos al presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa y a quienes le secunden en entregar subvenciones a SA, no puede ser aplicado retroactivamente, por lo que el acto de aprobación de las subvenciones presupuestadas para SA no puede ser combatido con la nueva norma, según fuentes jurídicas. Sólo podría proceder contra esa aprobación por un supuesto delito de desobediencia, castigado con multa de tres a doce meses e inhabilitación especial de seis meses a dos años.

No obstante, fuentes del Tribunal Supremo indicaron que si a partir de la entrada en vigor de la reforma Sozialista Abertzaleak recibe las subvenciones, caerá de lleno dentro del tipo penal del 576 bis).

Dichas fuentes indicaron que, en ese escenario, será tanto el Ministerio Fiscal, como la propia Sala Especial del Tribunal Supremo, a través del primero, los que pueden poner en marcha las previsiones de la reforma penal.

No obstante, por el momento no se contempla un cambio de actitud en el Parlamento vasco hasta tanto se despeje la situación penal del presidente Atutxa, al que la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco imputa un delito de desobediencia por su negativa a disolver SA.

Fuentes de la Fiscalía del Estado indicaron el pasado día 30: "Lo cierto es que por la vía de los hechos, no les ha llegado un euro de subvenciones" y añadieron que desde la entrada en vigor del artículo 576 bis) no hay ninguna previsión en orden a aplicarlo, mientras SA no reciba el dinero.