La principal incineradora vasca funcionará en pruebas desde febrero

La primera incineradora de basuras de Euskadi, promovida en Bilbao por la empresa Zabalgarbi, comenzará a funcionar en pruebas el próximo mes de febrero y mantiene la fecha de su apertura oficial hacia el mes de junio. "Más del 90% de la obra civil está hecha", según ha asegurado un portavoz oficial de la compañía.

La instalación, que empezó a gestarse a principios de la década de los 90, supondrá una inversión global de 154 millones de euros y eliminará el 48% de los residuos domésticos que se generan actualmente en Vizcaya. Sobre el controvertido proyecto pesan cuatro denuncias judiciales pendientes, aunque la Unión Europea avaló el pasado año su legalidad.

Esta infraestructura, ubicada en las afueras de la capital vizcaína se encuentra en obras desde el mes de agosto de 2001 y ocupa un total de 27.000 metros cuadrados de terreno, dentro de las cinco hectáreas de propiedad de Zabalgarbi. La compañía debe restaurar otro centenar de hectáreas del entorno, que serán destinadas a zona de esparcimiento.

La promotora recibirá la planta llave en mano, es decir una vez que se hayan terminado todas las pruebas pertinentes y en situación de funcionar en régimen comercial. La explotación de esta infraestructura correrá a cargo de la empresa VTR, perteneciente al grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que ya tiene experiencia en la puesta en marcha de incineradoras en otros países de Europa.

Las obras de construcción de la mayor incineradora vasca se encuentran actualmente en su recta final y, según un portavoz de Zabalgarbi, "más del 90% está hecho. Quedan remates, el asfaltado de los accesos, la regeneración del entorno y empezar las pruebas", explicó. La compañía mantiene su intención de que la planta se abra oficialmente en torno al próximo junio.

Más de 400 operarios trabajan actualmente cada día en la construcción de la planta -se ha llegado hasta los 700- y, cuando esté en funcionamiento, se prevé la creación de 50 puestos de trabajo directos y otros 200 indirectos.

La incineradora tiene aseguradas la llegada de 228.000 toneladas de basuras al año, de las que 100.000 procederán de los municipios de la Margen Izquierda -accionistas de Zabalgarbi, el 45% de cuyo capital es público- y las 128.000 restantes provendrán de 90 municipios vizcaínos que han suscrito un convenio. Entre ellos no se encuentra la capital, Bilbao, que ha rechazado dejar sus basuras en la incineradora y está potenciando la utilización del vertedero municipal de Artigas, emplazado a pocos metros de la planta de Zabalgarbi.

La Diputación, que controla el 20% del capital, ha comentado que espera la incorporación de Bilbao a medio plazo. La ciudad genera casi 200.000 toneladas de basura anuales, lo que obligaría a habilitar una segunda línea de incineración. La puesta en marcha de esta línea se preveía ya en la idea inicial del proyecto, de principios de la década de los 90.

Los responsables técnicos han destacado que la tecnología empleada permite producir más energía que en una incineradora convencional -10.500 kilowatios más- y la reducción en 440.000 toneladas anuales las emisiones de CO2 a la atmósfera. Desde hace más de un año funcionan tres estaciones de control de calidad del aire en los alrededores de la planta -en Bilbao, Alonsotegi y Barakaldo-, cuyos datos son enviados al Gobierno vasco.

Pero el proyecto sigue cuestionado por grupos ecologistas y partidos políticos como IU. Esta formación tiene planteadas en los tribunales tres denuncias, al sostener que existen ilegalidades en el Plan Especial que fue aprobado en 1999 por la Diputación -el instrumento que dio cobertura legal al proyecto-, la licencia de actividad y el proyecto de urbanización, estos dos últimos concedidos por el Ayuntamiento.

Sin embargo, la Unión Europea ha avalado la legalidad de la incineradora y ha propuesto el archivo de la denuncia presentada en 2001 por el grupo municipal de IU en Bilbao. La Comisión Europea no ha constatado vulneración de las directivas comunitarias sobre la protección de los hábitats, especies protegidas y aguas subterráneas. Además, sostiene que la planta fue sometida a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que incluye la realización de un estudio hidrogeológico, la identificación de los impactos previsibles, las medidas correctoras y un programa de vigilancia ambiental. "Se ha evaluado correctamente su impacto sobre el medio ambiente y se ha garantizado la participación de público".

La planta guipuzcoana

Mientras, en Guipúzcoa, la gestión de las 400.000 toneladas de residuos que produce cada año esta provincia se encuentra en el aire. Para empezar, aún no se ha decidido si se construirán una o dos incineradoras, interrogante que se resolverá este mismo mes, informa Maribel Marín.

Tanto la Mancomunidad del Txingudi como la de San Marcos tienen sus proyectos. La primera -Irún, Hondarribia y Hendaya-, ha proyectado ubicar en Hondarribia una planta transfronteriza con capacidad para tratar 60.000 toneladas de basura. Pero la Diputación, que carece de competencias en la materia, se pronunció en octubre a favor de la construcción de una única incineradora para todo el territorio y prometió a los alcaldes de la zona aportar "cantidades relevantes" al plan unitario de San Marcos, reduciendo así la aportación municipal, si finalmente los alcaldes del Txingudi dan marcha atrás a su incineradora.

A su vez San Marcos, que anunció su decisión de levantar una planta de tratamiento de 275.000 toneladas de residuos en Urnieta, tampoco tiene avanzado este proyecto que, en su caso, requeriría de una inversión de 120 millones de euros.

Su emplazamiento, decidido tras realizar un estudio en la comarca de Donostialdea, ha levantado ampollas entre los vecinos de dicha localidad. La Diputación y las ocho mancomunidades de Guipúzcoa han puesto en marcha un estudio que abarca toda la provincia. La ubicación definitiva de la planta o plantas del territorio no se conocerá hasta principios del verano.