Las Ayudas de Emergencia Social no estarán sujetas a restricciones presupuestarias

Las Ayudas de Emergencia Social (AES) no estarán sujetas a restricciones presupuestarias a partir de 2006. Ése es el objetivo del consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, de EA, máximo responsable de este tipo de recursos. Azkarraga pretende que las AES se conviertan en un "derecho subjetivo" de los ciudadanos, al igual que ocurre actualmente con la renta básica. De esa forma, no volverían a reproducirse situaciones como las vividas por los grandes ayuntamientos de Euskadi el año pasado, que cerraron la ventanilla cuando se les agotó el dinero que les había entregado el Gobierno para repartir entre los solicitantes.

A diferencia de las AES, la renta básica no tiene en estos momentos un límite presupuestario. Siempre que hay un ciudadano con derecho a percibirla se le entrega, sin que se agoten los fondos. La Ley contra la Exclusión Social, aprobada por el Parlamento en 1998, aseguró a los ciudadanos este derecho. Las Ayudas de Emergencia Social también figuran en dicha ley, pero como un complemento.

Las Ayudas de Emergencia Social son distribuidas por el Gobierno entre los ayuntamientos, que pueden después aumentar el fondo en función de sus prioridades y del estado de sus cuentas. Ocho de cada diez consistorios se quejan de que reciben del Ejecutivo menos dinero del necesario para ayudas sociales.

Así, el año pasado ocurrió que el Ayuntamiento de Bilbao, que no pone dinero de su presupuesto, dejó de repartir estas ayudas en junio, cuando se le terminó el dinero procedente del Ejecutivo. Las peticiones de ayuda que se recibieron después de esa fecha no pudieron ser atendidas.

San Sebastián sí complementó el fondo del Gobierno, pero su aportación se agotó en octubre. El Ayuntamiento de Vitoria optó en octubre por recortar el importe de las ayudas ante la ingente demanda en un intento de llegar hasta finales de año, lo que le ha supuesto un aluvión de críticas. Tanto el consistorio vitoriano como la Diputación de Álava aportan dinero de sus presupuestos.

El viceconsejero de Inserción Social, Manuel Vigo, explica a EL PAÍS que la intención de su departamento de que las Ayudas de Emergencia no tengan limitación presupuestaria debe ser aún respaldada por el resto del Gabinete. "La consejería quiere que las AES sean un derecho subjetivo de los ciudadanos por ley. Ahora, cuando se termina el dinero previsto para las mismas, los solicitantes que vengan después se quedan sin nada. De la otra forma, habrá siempre dinero mientras haya una necesidad. Es lo que ocurre con la renta básica, que se saca el dinero de donde sea necesario", indica.

Revisión del sistema

El plazo de 2006 que se ha marcado el departamento se debe a que aguardará a que concluya el Plan de Inserción, previsto hasta 2005, y se pueda comprobar cómo han funcionado diferentes aspectos, como los convenios de inserción que firman los perceptores de la renta básica para poder acceder a la prestación. Esa evolución la tendrá que hacer el nuevo Gobierno, ya que el actual finaliza su mandato en 2005.

Cerca de 17.500 familias (el 22,6% de ellas inmigrantes) reciben en la comunidad autónoma estas ayudas. El Gobierno gastó 24 millones de euros en este concepto el año pasado y la previsión es llegar hasta los 25 millones durante el actual ejercicio.

El problema con el que se enfrenta el Ejecutivo en la actualidad es que estas ayudas, que nacieron para solucionar problemas puntuales, se destinan en un 80% a pagar el alquiler de vivienda debido a la carestía de los pisos en Euskadi. El departamento analiza varias fórmulas para evitar que las partidas se conviertan en un recurso exclusivo para el arrendamiento. Entre ellas figura la puesta en marcha de un programa específico de pisos de alquiler (que le correspondería a la consejería de Vivienda) y la revisión del dinero que perciben los solicitantes en función de si se arrienda un piso entero o una habitación.