Un año de prisión para un ganadero por vertidos ilegales de purines

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de un año de cárcel y multa de 36.060 euros que se impuso a Benjamín Rojo Blanco por los vertidos ilegales de residuos producidos por una granja clandestina de cerdos de su propiedad. La granja estaba instalada en una finca de la localidad barcelonesa de Vallromanes.

El Supremo rechaza el recurso planteado por Rojo contra la sentencia de la Audiencia de Barcelona que le condenó como autor de "un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por vertido a los suelos y cauces de las corrientes naturales discontinuas del dominio público hidráulico", con la agravante de "industria clandestina".

Según los hechos probados de la sentencia, Benjamín Rojo compró en 1990 una finca en Vallromanes para instalar una granja de cerdos, que comenzó a construir sin autorización municipal. Tras ser requerido, contestó al Ayuntamiento que había abandonado el proyecto de la granja y que iba a abrir un restaurante. Sin embargo, continuó con su idea inicial y a principios de 1992 comenzó a explotar la granja de cerdos, que carecía de gestión de residuos, por lo que los excrementos de los animales, mezclados con agua, se vertían directamente en el suelo.