Emerge la verdad

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de amparo del PSOE y el BNG, y estudiará si el Parlamento gallego vulneró derechos fundamentales cuando decidió, con los únicos votos del PP, disolver la comisión que se había creado en esa Cámara para investigar la gestión de la catástrofe del Prestige. El PP empleó en Santiago su mayoría absoluta para eliminar una comisión de investigación a la que, en un momento de discrepancias internas de algunos líderes locales, había dado luz verde. En Madrid, la apisonadora parlamentaria del PP fue aún más rotunda: su mayoría absoluta impidió desde el primer momento que el Parlamento creara una comisión semejante. Y sin embargo, había mucha materia para investigar, como prueban, entre otras, las informaciones publicadas en los últimos días por este diario.

Basadas en documentos oficiales, estas informaciones confirman que el desdén, la ignorancia, el caos y la chapuza rivalizaron entre sí en la gestión de la catástrofe. Está probado que la primera respuesta, visceral, de Fomento fue alejar el buque de las costas, sin ningún debate técnico en el organismo creado ad hoc y sin conocer el informe sobre los daños estructurales del petrolero. El Prestige emprendió entonces un rumbo errático: se dirigió hacia el noroeste, pero cuatro horas después de que Francia se lo exigiese por fax a Fomento rectificó y se dirigió hacia el sur. Al enfrentarse con la oposición de Portugal, adoptó la dirección oeste y terminó hundiéndose en el peor lugar.

A excepción del capitán del buque, parece que no hay responsables en esta catástrofe. Es obvio que el Gobierno de Aznar no fue responsable del accidente, pero sí lo fue de las decisiones que se tomaron a partir de ese momento, incluida la cerrada negativa a que los españoles, a través de organismos como el Parlamento gallego o el español, conozcan la verdad. Es vergonzoso que el Parlamento francés, ante cuya comisión de investigación sobre el asunto comparecieron altos cargos españoles, sepa más que el español.

La cantinela de la normalidad que entonan los gobernantes en Santiago y Madrid -las playas están limpias, el pescado tiene garantías sanitarias, la flota faena...- podría ser creíble si se hubieran investigado, a fondo y con luz y taquígrafos, las causas de la catástrofe y, en consecuencia, se hubieran puesto en marcha los medios para evitar su repetición. Trece meses después del naufragio, sabemos, entre otras cosas, que España sigue sin la flota de remolcadores y buques antipolución necesaria para evitar, o minimizar, estas catástrofes. No resulta tranquilizador.