Los cambios, con cautela

La financiación autonómica es un asunto técnicamente complejo y políticamente peligroso, y así lo demuestran los múltiples conflictos suscitados entre el Gobierno central y las autoridades autonómicas a cuenta de los impuestos o de las competencias transferidas. Si a la conflictividad natural de quienes disputan por parcelas de poder y sumas considerables de dinero se añaden los malos modos con que el Ejecutivo gestiona la política autonómica, nos situamos ante un campo minado. De ahí que convenga abordarlo con cautela y con precisión en los detalles. Por ahora el líder socialista Rodríguez Zapatero se ha limitado a anunciar que incorporará a su programa electoral una reforma de la financiación autonómica con la creación de agencias de recaudación descentralizadas. El PP ha arremetido como si estuviera en juego la unidad de la patria.

Replantear el modelo de financiación autonómica puede entrar en el terreno de la lógica si se tiene en cuenta que a partir de 2006 empezarán a desaparecer los fondos estructurales de la UE. Pero existe la sensación de que, en tan delicado asunto, el PSOE no dispone de líneas claras de actuación ni de unidad de criterio. La reunión de Santillana del Mar, organizada para homologar las políticas autonómicas socialistas en todas las comunidades, no parece haber suministrado esa claridad. La dirección del partido ha pasado de apoyar los acuerdos con la Hacienda central, firmados en su día por los Gobiernos autónomos socialistas, a respaldar las peticiones del nuevo Gobierno de Cataluña, que aspira a conseguir un balance fiscal más o menos equiparable al del País Vasco.

Este cambio puede dar la impresión de que los socialistas tienen ideas confusas o contradictorias sobre el reparto de los impuestos que se generan en cada autonomía. Las declaraciones de Zapatero son, por el momento, genéricas, pero mientras concreta los detalles cabe mencionar algunos riesgos que deberían evitarse.

La primera precisión que se debe exigir es qué alcance quiere dar a las agencias tributarias autonómicas. Si se trata de simples unidades administrativas que recauden los impuestos transferidos, no se entiende bien la avidez por disponer de una en cada comunidad. Si se pretende acabar con la vigente opacidad de la administración tributaria, impermeable a unos gobiernos autonómicos que tienen capacidad normativa en determinados impuestos, es posible debatir otras fórmulas. Una agencia tributaria única resuelve algunos problemas y calma no pocas inquietudes.

Si el objetivo es crear agencias tributarias con independencia, poder de inspección e información fiscal propia, la propuesta necesita un debate a fondo, por mucho que éste sea un modelo vigente en países de estructura federal. ¿Han pensado Zapatero y sus asesores en el coste que tendrá cooordinar la información fiscal de varias agencias tributarias en toda España? ¿Quién recaudará el impuesto sobre sociedades? El PSOE debería responder a estas inquietudes antes de entrar en el laberinto de una reforma en profundidad de la financiación autonómica.