El magnate ruso Jodorkovski seguirá en prisión tres meses más

El magnate Mijaíl Jodorkovski deberá pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo en prisión. A petición de la Fiscalía General de Rusia, el tribunal Basmánni de Moscú prolongó por tres meses, hasta el 25 de marzo, el encarcelamiento preventivo del principal accionista de Yukos y ex presidente de esa compañía. Jodorkovski está acusado de siete delitos, entre ellos estafa y evasión de impuestos. Una de las principales acusaciones, cuando encabezaba el consejo de directores del banco Menatep, le imputa haber organizado -junto con Platón Lébedev, presidente de dicho banco, que está en prisión desde el verano pasado- la apropiación fraudulenta del 20% de la empresa Apatit en 1994.

El fiscal Valeri Laktin basó su petición en que Jodorkovski podría abandonar el país para huir de la justicia o ejercer presión sobre los testigos. De nada sirvió que 120 políticos, científicos y personalidades de la cultura firmaran una carta en la que garantizaban que Jodorkovski no se escaparía ni entorpecería las investigaciones.

La fiscalía, según el influyente diario Kommersant, desea mantener a Jodorkovski en prisión mientras estudia el expediente, que consta de 227 volúmenes. Y como cada tomo tiene entre 100 y 350 páginas, el industrial puede necesitar cerca de un año para estudiarlo. "El señor Jodorkovski no lee el expediente como una novela policiaca, sino que lo hace detenidamente, analizando los materiales de un tomo con los de los otros", señaló Guenrij Pavda, uno de sus abogados.

Garantías legales

Los abogados del multimillonario empresario recurrirán la decisión del juzgado de Basmánni y también recurrirán "al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que evalúe las burdas violaciones" que, a juicio de la defensa de Jodorkovski, cometen tanto la fiscalía como el juzgado.

Mientras tanto, el presidente ruso, Vladímir Putin, volvió a tocar ayer el asunto de las privatizaciones rusas durante una reunión con los dirigentes de la Cámara de Industria y Comercio y reiteró que no se revisarán los derechos de propiedad sobre las empresas adquiridas después de la desintegración de la URSS. Pero con una importante salvedad: que las operaciones correspondientes hayan sido legales. El problema es que lo que se considera completamente normal en un país europeo no lo es en Rusia, donde ninguna privatización resulta impecable desde un punto de vista legal. Las palabras de Putin significan que no quiere hacer borrón y cuenta nueva como le ha pedido la Cámara de Industria y Comercio, y que se reserva el derecho a perseguir a cualquier empresario por ilegalidades cometidas incluso hace más de 10 años.