Los ayuntamientos se rebelan contra la nueva Ley de Extranjería

La policía no lo tendrá fácil para controlar a la población inmigrante a través de los datos del padrón municipal. La mayor parte de los ayuntamientos catalanes se resisten a dar por buena una reformada Ley de Extranjería que, aprobada con los votos del PP y del PSOE, permite a las fuerzas de seguridad acceder a los registros del padrón para detectar posibles inmigrantes ilegales y expulsarlos si se da el caso.

Decenas de ayuntamientos ya han aprobado mociones pronunciándose en contra de dicha medida y se están preparando para combatir lo que consideran una injerencia del Gobierno. Entre ellos se encuentran los de Girona, Vic, Manresa y Vilafranca.

Aparte de los motivos humanitarios, lo que mueve a los ayuntamientos a oponerse la ley es el miedo a que los inmigrantes, ante el temor a ser expulsados, dejen de empadronarse. Si no se inscriben en el padrón no puede saberse ni cuántos inmigrantes hay en una población, ni cuál es su lugar de residencia. A juicio de los consistorios, esto dificulta enormemente la tarea de integración que se ha encomendado a los gobiernos locales. Y lo que es más grave: los inmigrantes sin papeles, unos 130.000 en Cataluña, pierden el derecho a la escolarización y a la atención sanitaria convencional.

Todos los partidos, excepto el PP, han ido tomando posición en contra de esta ley por considerar que la medida puede perjudicar la convivencia en sus municipios. Iniciativa per Catalunya-Verds, que ya ha anunciado que apoyará todas las medidas e iniciativas que surjan en contra de esta ley. El portavoz de la organización, Joan Herrera, sostiene: "Los inmigrantes se inscribían en el padrón municipal porque los datos eran confidenciales. Al perderse esta confidencialidad, tendrán miedo y dejarán de hacerlo, con lo que, además de perder derechos básicos, perderán la posibilidad de demostrar su estancia con vistas a regularizarse". Herrera añade: "Se está criminalizando a los inmigrantes a partir de una presunción de culpabilidad de delito, y esto supone un trato discriminatorio".

Iniciativa ha presentado mociones de rechazo de la nueva ley en la mayor parte de los ayuntamientos donde tiene representación. En buena parte de los consistorios estas mociones han contado con el apoyo de los socialistas, que han tenido que escuchar las críticas del PP, partido que les recordaba que sus correligionarios en el Congreso de los Diputados dieron el visto bueno a la nueva ley.Fuentes del PSC se manifiestan en contra de la nueva ley, pero también dejan claro que como partido no piensan incumplirla. Otra cosa es lo que decida cada municipio. Los socialistas han mantenido posturas diferentes en los municipios donde gobiernan. En el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, los socialistas y el conjunto del equipo de gobierno han optado por esperar a finales de enero antes de tomar una decisión. Será entonces cuando, previsiblemente, entre en vigor el reglamento de la nueva ley.

Otros ayuntamientos, como el de Vilanova i la Geltrú, Manresa, Vic, Badalona y Guriba han aprobado mociones en las que se muestran contrarios a la nueva normativa que regirá el empadronamiento de extranjeros, informa Gerard Bagué. Estos ayuntamientos consideran que la nueva normativa puede vulnerar derechos fundamentales de la persona y, en algunos casos, han ideado una estrategia para retrasar tanto como sea posible su aplicación. Les preocupa también el hecho de que los inmigrantes que se empadronen deberán renovar cada dos años su registro, algo que en su opinión sólo servirá para que muchos extranjeros, sumidos en la más profunda desinformación, acaben en situación ilegal y sin empadronar. Comparten esta preocupación con la mayor parte de ONG, como SOS Racismo, que considera que la nueva ley es inconstitucional.

Si Iniciativa per Catalunya llama directamente a la desobediencia civil, Esquerra Republicana y Convergència i Unió mantienen una postura crítica pero más conciliadora: los ayuntamientos no pueden negar información a la policía, pero ésta sólo se suministrará cuando la petición esté fundamentada.

El responsable de política municipal de ERC, Jaume Oliveras, considera que la nueva ley puede cumplirse sin necesidad de dar a la policía acceso directo e ilimitado a los datos del padrón municipal. "Es evidente que no queremos que los ayuntamientos encubran ningún delito, pero tampoco queremos que dejen de proteger la intimidad de sus ciudadanos".

El texto de la nueva ley no deja claro qué tipo de acceso debe tener la policía al padrón municipal. Sólo afirma que éste se hará "preferentemente por vía telemática". Por esta razón, fuentes de la dirección de CiU explicaron ayer que en sus municipios no se negará el el acceso de la policía a los datos del padrón pero que éste se dará de forma "restrictiva" aunque "aplicando la ley".

El Partido Popular, en cambio, defiende la ley sin reparos. Xavier García Albiol, concejal en Badalona y presidente del grupo popular en la Diputación de Barcelona, considera que los inmigrantes en situación irregular "no deberían ni poderse empadronar", algo que defiende con la tesis de que "un inmigrante legal no debería tener los mismos derechos que uno en situación ilegal". Con relación a la pérdida de derechos básicos que supone el no empadronarse, Garcia Albiol dice que no es cierto que los inmigrantes se queden sin asistencia sanitaria. "Siempre pueden acudir a un servicio de urgencias", afirma.