Disputas en el parque

Ocho localidades de Huelva y cinco de Sevilla, que suman un total de 107.000 habitantes, se verán afectadas por en nuevo Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD), aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta el pasado 9 de diciembre. Ese documento, criticado por el PP, que insistió ayer en pedir su retirada, constituye un marco jurídico que determinará el desarrollo agrícola, turístico y de infraestructuras de la zona, que incluye el Parque Nacional de Doñana, el Corredor Verde del Guadiamar y seis espacios protegisos más.

El alcalde de Palos de la Frontera y parlamentario andaluz por el PP onubense, Carmelo Romero, resumió ayer la posición de su partido. "Nadie nos ha llamado para tratar de llegar a un acuerdo. Echo de menos lo que se hace en estos casos con otros documentos, unas jornadas de debate, de discusión, para acercar posturas. El Gobierno andaluz ha dado paso a las alegaciones como mero trámite, sin tenerlas en cuenta", afirmó. El grupo Popular en la Diputación onubense ha reclamado un pleno extraordinario sobre el texto y los técnicos jurídicos del Ayuntamiento de Palos estudian medidas legales para reformar el plan.

El PSOE relacionó las críticas con intereses económicos vinculados a la zona. En este sentido, el secretario general socialista de Huelva, Javier Barrero, afirmó ayer que si el POTAD "estuviera en la comarca del Andévalo o en la Sierra onubense no se formaría ese lío, porque esas zonas aún no tienen la riqueza suficiente. El litoral de Doñana supone el marco más aprovechable turísticamente y eso resulta muy atractivo para los empresarios especuladores que buscan el negocio".

Javier Barrero negó la falta de negociación del plan y recordó que, en enero de 2003, todos los grupos que integran el Patronato de Doñana, entre ellos el Gobierno central, aprobaron un informe de un grupo de expertos sobre los aprovechamientos agrícolas y turísticos de la comarca de Doñana. Entonces el presidente del patronato era el Ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas (PP). Ese estudio, previo al borrador final del POTAD, aconsejaba reducir a 2.000 hectáreas los terrenos de cultivos y limitar las construcciones en el litoral, en especial, entre el arroyo de las Huesas y el parador de Mazagón, donde se proyectó el complejo hotelero Castillo de la Luz.

"Resulta una contradicción. El PP nacional aceptó la parte dura del informe en materia agrícola y ahora se opone al documento. El Ayuntamiento de Moguer, del que depende Mazagón, está ahora en manos del PP y acepta las tesis de los grupos de presión que le indican que en el litoral hay que construir viviendas residenciales", afirmó Javier Barerro.

El delegado de Agricultura en Huelva, Juan Manuel López, también rechazó que haya faltado acuerdo. "Hemos discutido el documento con alcaldes, grupos empresariales y ecologistas durante dos años. El Gobierno central dio su consentimiento al texto aprobado por el Patronato. Lo que pretende el PP es que no exista documento, que se dé pie a la indefinición para especular", afirmó.

El documento impide el crecimiento de la superficie urbanizable en Matalascañas y en Mazagón incluye 500 hectáreas de un poblado forestal como parque natural. "No podremos desarrollar ninguna actuación de turismo rural", se quejó Juan José Volante, alcalde de Moguer.

Barrero, por el contrario, afirmó que el plan "preserva la zona para que todo el mundo pueda disfrutarlo, no sólo los que tengan capacidad para comprar un apartamento".

El plan ha recibido el apoyo de los conservacionistas. Juan Romero, portavoz de Ecologistas en Acción, señaló que su organización está plenamente de acuerdo con el POTAD en materia turística. "El documento ha recortado bastante la posibilidad de construir residenciales y ha apostado por un modelo hotelero. Además, ha quedado descartado el proyecto turístico Castillo de la Luz, que será zona verde. Vemos que es un documento sostenible, que tiene unas líneas valientes y progresistas", afirmó.

Las discrepancias ecologistas se producen ante la posibilidad de que se pueda construir un hotel en las dunas del Asperillo, donde actualmente está ubicado el cámping Doñana. "Estamos de acuerdo con que en el Parque Dunar se pueda construir un hotel, pero nunca se debe ocupar las dunas del Asperillo, que fue una reivindicación de hace 12 años en la que se pedía que se conservara en su estado natural".