La policía expulsa a 723 inmigrantes sin papeles en lo que va de año
La Brigada de Extranjería ha detenido a 349 presuntos integrantes de grupos delictivos
Un total de 723 inmigrantes que se encontraban de forma irregular en la región han sido expulsados por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación en los últimos 11 meses. Así lo explicó el comisario jefe de esta brigada, Honorio Ovejero, que hizo ayer un balance del año. Sus agentes han detenido a 349 personas acusadas de pertenecer a algún grupo delictivo, lo que supone un considerable aumento respecto al año pasado.
Honorio Ovejero se mostró "muy satisfecho" por los resultados alcanzados en los 11 primeros meses, ya que supone duplicar e incluso triplicar el número de detenidos y de inmigrantes irregulares que han sido expulsados, si se compara con el año pasado. "Hay que recordar que la mayoría de las víctimas de los delitos por extranjería son los propios inmigrantes y que el detenerlos supone una evidente tranquilidad para el resto de la comunidad inmigrante", señaló el comisario Ovejero.
El grupo de detenidos más numeroso en estos 11 meses corresponde a infracciones contra la Ley de Extranjería, con 3.874 arrestados. El mayor número lo tiene la colonia ecuatoriana (1.055) y Rumania (541). Este dispositivo se ha desarrollado por parte de las diversas comisarías y de la propia Brigada, lo que deviene en la incoación de un procedimiento de expulsión. La policía ha efectuado redadas durante las últimas semanas en los locales de ocio frecuentados por inmigrantes.
"Se trata de operaciones preventivas que se centran en locales seleccionados en función de la actividad delictiva denunciada, como peleas o reyertas con armas blancas, y de las protestas generadas por las asociaciones de vecinos", señaló Ovejero. Las 3.874 detenciones han dado lugar a la expulsión de 723 personas que tenían 1.497 delitos pendientes. También han sido repatriados 17 menores (16 marroquíes y 1 rumano) y 133 presos extranjeros que estaban a punto de cumplir sus penas en cárceles españolas.
Los delitos por prostitución y la inmigración ilegal son otros que han dado mucho trabajo a los agentes de la Brigada de Extranjería y Documentación. En los últimos 11 meses, han sido desarticulados 13 grupos o redes de proxenetismo, lo que ha supuesto la detención de 46 personas. Los más activos han sido los ciudadanos de países del Este, cuyo modo de operar consiste en engañar a las mujeres con la falsa promesa de que van a trabajar con contrato en España como empleadas de hogar o en hostelería. A su llegada, los integrantes de la red retiran la documentación a sus víctimas y las obligan a prostituirse bajo amenaza de muerte a ellas mismas o a sus familiares. Suelen exigirles unos 6.000 euros.
"Muchas mujeres han colaborado gracias a las figuras de protección que permite la ley [testi-gos protegidos o lograr la nacionalidad española], cuando ayudan a detener a esas personas", señaló el comisario José Luis Gago, responsable de la Unidad contra las Redes de Inmigración Legal y Falsificación (Ucrif) y número dos de la Brigada.
Las vías de entrada suelen ser por vía aérea, desde Suramérica o en ocasiones Sierra Leona o Nigeria. Tienen como destino aeropuertos nacionales de otros países de la Unión Europea, en especial Holanda. Por carretera, en especial en autobús, llegan las mujeres procedentes de Rumania y otros países del Este. Suelen atravesar la frontera por Austria. Las pateras con destino a las islas Canarias o el Estrecho es el medio utilizado por las mujeres procedentes de países africanos. Los detenidos por falsificaciones documentales ascienden a 104 personas que integraban 23 grupos organizados, en su mayoría de nacionalidad marroquí y ecuatoriana.
Otros dos grupos (20 personas) han sido desarticulados acusados de blanquear dinero. Enviaban las divisas a Colombia a través de locutorios. Ocultaban el verdadero nombre del remitente y utilizaban la filiación de otro compatriota que realmente lo enviaba a un familiar.
Engaño
La Ucrif ha desmantelado siete grupos especializados (21 detenidos) en delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros o inmigración ilegal. Estas redes que favorecen la entrada ilícita de extranjeros actúan en los países de origen y suelen intervenir como mediadores para facilitar la entrada mediante el engaño o con ánimo de lucro.
Los delitos contra los derechos contra los trabajadores son uno de los apartados en el que han hecho más hincapié los agentes de Extranjería. Acompañados de inspectores de Trabajo, han detenido a 85 personas que formaban 19 organizaciones que se dedicaban a contratar a trabajadores extranjeros en situación irregular. Se aprovechan de esa indefensión para abonar salarios extremadamente bajos y hacer trabajar a los inmigrantes en condiciones precarias y sin las más mínimas condiciones de seguridad. Además, saben que la víctima no suele denunciarles por la falta de recursos y por la eventualidad de que lo repatríen a su país o perder su empleo. Las detenciones han sido practicadas en obras de construcción, talleres de confección y locales de restauración y ocio.
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