Dos sentencias judiciales ponen límites a la política antiterrorista de la Casa Blanca

Por segunda vez, el destino político del presidente de EE UU, George W. Bush, puede depender del Tribunal Supremo. Los mismos jueces que llevaron a Bush a la Casa Blanca tendrán que decidir el próximo verano sobre la legalidad de la política antiterrorista del Gobierno y su decisión de mantener encerrados en Guantánamo (Cuba) a quienes él mismo cataloga como "combatientes enemigos". La sentencia llegará en plena campaña para las presidenciales y el resultado puede acabar inclinando la balanza a favor de la reelección o de la sustitución del presidente.

De las dos sentencias judiciales recientes en contra de la política antiterrorista del Gobierno, una de ellas, formalizada en un tribunal de apelaciones de San Francisco, pone en entredicho la esencia misma de esa estrategia político-judicial de George W. Bush. Un juez determinó que los 660 presos de Guantánamo deben recibir las mismas prerrogativas judiciales que cualquier otro detenido en territorio de EE UU. El Gobierno ha amparado su tratamiento de estos presos en su clasificación como "combatientes enemigos" y, sobre todo, en el hecho de que estén retenidos en un territorio que legalmente no pertenece a este país. EE UU paga una especie de alquiler anual al Gobierno de Cuba por la base de Guantánamo, aunque históricamente Fidel Castro se niega a cobrar la renta como gesto de desprecio por la ocupación de esa base.

El juez de San Francisco ha determinado lo contrario. Establece que la base de Guantánamo está a todos los efectos bajo la autoridad de EE UU y se ve sujeta, por tanto, a los mismos derechos y deberes que se aplican en el territorio de este país. Sentada esa premisa, el tratamiento al que se somete a los presos -incomunicados, sin derecho a abogado y sin acusaciones formales contra ellos- es, según el tribunal de apelaciones de San Francisco, "inconsistente con los principios fundamentales de la jurisprudencia estadounidense". Además, esa política carcelaria, se dice en la sentencia, "plantea graves preocupaciones bajo las leyes internacionales".

El efecto inmediato es el derecho a un abogado para todos los presos retenidos en la isla, aunque el propio tribunal dejó en suspenso la aplicación de la sentencia porque es consciente de que el Supremo ha aceptado pronunciarse sobre esta polémica. El Gobierno, a través del portavoz de la Casa Blanca, ha recordado que otro tribunal de apelaciones en Washington se pronunció en el sentido contrario al de San Francisco, que es un distrito judicial de principios más liberales que los del resto del país.

Otro tribunal, esta vez en Nueva York, había decidido horas antes que la clasificación de "combatiente enemigo" no se puede aplicar a un individuo de nacionalidad estadounidense detenido en el territorio de este país. El caso hacía referencia a José Padilla, detenido en Chicago hace año y medio y acusado -públicamente, no en ningún tribunal- de haber intentado preparar una "bomba sucia" para un atentado.

Al final del proceso, el Supremo acabará decidiendo en realidad sobre la constitucionalidad de la política antiterrorista del presidente Bush. Su portavoz, Scott McClellan, tachó las sentencias de "inquietantes y defectuosas". Lamentó que los jueces quieran limitar "la autoridad clara del presidente" e insistió en que mantener a esos presos en un "limbo" judicial es su responsabilidad "para proteger a los ciudadanos de EE UU".

Anthony Romero, director ejecutivo de la Asociación de Libertades Civiles, aplaudió las sentencias, "porque ningún presidente puede asumir semejante autoridad unilateral sobre la libertad de los individuos". Michael Ratner, del Centro de Derechos Constitucionales, que representará a algunos detenidos ante el Tribunal Supremo, pidió "el fin de esta situación ilegal. Toda persona detenida debe disfrutar del derecho a cuestionar la legalidad de su detención", aseguró. Un portavoz de Amnistía Internacional ensalzó las decisiones judiciales, "porque demuestran que las detenciones indefinidas como las del Gobierno de Bush se deben prohibir dentro y fuera de este país".