El fiscal pide penas de prisión para directivos de dos empresas por la peste porcina

El fiscal especial encargado de investigar el origen del brote de Peste Porcina Clásica (PPC) declarado en Lleida en junio de 2001 solicita en su informe de calificaciones provisionales un año y medio de prisión para los gerentes y veterinarios de las empresas Piensos Yak, de Agramunt, y Piensos Gatnau, de Mollerussa, por un presunto delito de daños por imprudencia con la agravante de contagio.

Los acusados son Josep G. F. y Joan Francesc M. F., gerente y veterinario de Piensos Yak, respectivamente, y Josep Miquel G. C. y Ramon G., gerente y veterinario de Piensos Gatnau. El fiscal considera que estas cuatro personas son los responsables de que la epidemia se propagara a otras explotaciones de la plana de Lleida por haber ocultado el rebrote de la enfermedad.

Además de la pena de un año y medio de prisión para cada uno, la acusación también reclama para ellos una multa, la inhabilitación especial para ejercer la profesión por el tiempo de la condena y una indemnización de 7,4 millones de euros. Esta cantidad equivale a la que tuvieron que abonar a los ganaderos las administraciones central y autonómica por el sacrificio de más de 90.000 cerdos.

La Generalitat declaró la peste el 16 de junio de 2001 tras sacrificar 2.053 cerdos en una granja de Soses (Segrià). La epidemia se extendió a varias comarcas y los animales de centenares de explotaciones permanecieron inmovilizadas hasta finales de noviembre, cuando el comité veterinario de la Unión Europea declaró la provincia libre de peste y levantó las restricciones. A los pocos días, la Generalitat se vio obligada a declarar la enfermedad en la comarca barcelonesa de Osona, que se prolongó hasta julio de 2002. Los primeros focos del último brote de PPC en Lleida se declararon en explotaciones de las dos empresas implicadas.

Investigación fiscal

Ante la existencia de supuestas irregularidades en el sector, la Fiscalía de Lleida abrió una investigación penal a requerimiento del Departamento de Agricultura, que inicialmente expedientó a cuatro empresas integradoras de porcino como sospechosas de haber ocultado la existencia del virus en sus granjas, lo cual favoreció la propagación de la peste.

Durante la investigación, el juez encargado del caso ha interrogado a una veintena de ganaderos, veterinarios y transportistas. La PPC es una enfermedad contagiosa que no comporta riesgos para la salud humana, pero sí graves consecuencias económicas para los productores porque obliga a sacrificar a muchos animales y a inmovilizar la cabaña. El consejero de Agricultura en funciones, Josep Grau, dijo ayer que la decisión del fiscal demuestra que él tenía razón cuando desde el primer momento responsabilizó a los propios ganaderos de la aparición de la peste porcina en Lleida. "Me alegro mucho de que la Fiscalía haya encontrado indicios de culpabilidad y es lógico que se castigue a los responsables para que sirva de escarmiento al sector", señaló Grau.