Un laboratorio de paz

"Queremos que nos ayuden a reconstruir nuestro tejido social. Los campesinos somos esclavos de la guerra: aportamos la materia prima humana y la financiamos con los cultivos de coca", dijo Camilo, un hombre recio, de 40 años, a Nicola Bertolini, encargado de negocios de la delegación de la Comisión Europea en Colombia, en un reciente recorrido por el Magdalena Medio, en el oriente del país. Camilo, junto a 200 agricultores más, encontró en el cacao el reemplazo a la coca.

El Laboratorio de Paz del Magdalena Medio es el más importante proyecto de cooperación de la UE en Latinoamérica. Sin armas y con alta participación ciudadana, se busca reducir pobreza, violencia y coca. Santa Rosa, encaramado en la serranía de San Lucas, es uno de los 13 municipios de la región donde opera el Laboratorio. En esta zona se combinan olvido estatal con la acción de guerrilla y paramilitares y la economía ilícita: la de la coca y el robo de gasolina. Una zona de tierras fértiles y rica en oro y petróleo donde la mayoría de la población pasa grandes necesidades.

Hace siete años llegó allí el jesuita Francisco de Roux. Con la Arquidiócesis creó una corporación de desarrollo y paz, y empezó a sembrar semillas de participación ciudadana, autonomía en la producción y ante los armados. "Nadie se atreverá a tocar a un campesino organizado". Los 13 asesinatos de líderes de su programa no lo han derrotado.

En este territorio abonado, la UE montó el Laboratorio de Paz, cuya ejecución técnica quedó en manos de la corporación dirigida por el jesuita. A comienzos de este año se puso en marcha y, hasta 2008, se girarán 34,8 millones de euros. Los 308 proyectos aprobados apuntan a fortalecer alternativas productivas que permitan al campesino dejar -de manera gradual- la coca, a promover la educación, la cultura de paz y la construcción de espacios humanitarios; a mejorar la infraestructura.

"Europa quiere la paz para Colombia; ¿qué aportan estos proyectos a esta construcción de paz ?", preguntó Bertolini a líderes de la zona. Marina, de 20 años, madre soltera de dos hijos, dirigente de la Asociación de Raspachines (recolectores de coca) y Desempleados de San Pablo, respondió. Su mirada penetrante, cargada de tristeza, envolvió a sus interlocutores: "Sirven para generar empleo, que es la alternativa de mejor calidad de vida para ver una nueva luz y no dar pie a que sigan los grupos armados". Marina raspó coca desde los 14 años. De niña soportó que la guerrilla llegara a su casa y se llevara ganado y gallinas; luego los paras mataron a su papá. Otros hablaron de la importancia de las estrategias "reales" para que "la gente se encamine a abandonar la coca", pues "con cada planta que se arranca se deja de comprar un fusil y matar a un colombiano".

El proyecto europeo ha llegado también hasta la cárcel de Barrancabermeja, puerto fluvial sobre el río Magdalena y epicentro de la zona. La mayoría de los 250 internos son paramilitares. El proyecto que apoya la UE es psicológico y de formación. Mediante charlas, conferencias, talleres, estudio, se les ayuda a fortalecerse como personas.

El Laboratorio tiene muchos desafíos: que la guerrilla y la avanzada política de las paramilitares no interfieran. "No nos vamos a arrugar ante esa realidad, ni ante las fumigaciones aéreas [política oficial impuesta por Estados Unidos para acabar con la cocaína]", dice Francisco de Roux. En el Magdalena Medio, como en muchas regiones del país, las fumigaciones han acabado con cultivos lícitos. Se ha incumplido también un acuerdo verbal entre la UE y el Gobierno de no usar esta estrategia en territorio donde exista ayuda comunitaria.

La apuesta es erradicar manualmente -una hectárea vale menos de 100 dólares, contra los 1.000 que cuesta la fumigación aérea de una zona igual-, mientras avanzan los proyectos del Laboratorio. A medida que prosperen los "nuevos caminos", como los califica un campesino con mirada cargada de esperanza, "los armados van sobrando y se van acogiendo a las normas de nosotros, los civiles".