El caso de Arnoldo Alemán marca el debate sobre cooperación

El Grupo Socialista de las Cortes Valencianas pidió ayer una ley de Cooperación al Desarrollo que permita evitar casos como el del ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán, condenado en su país por uso indebido de los fondos recibidos, entre otros, de la Comunidad Valenciana. El PP no contestó a este requerimiento y rechazó las enmiendas socialistas que reclamaban más control de las ayudas al desarrollo.

La segunda jornada del debate del proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2004 en el pleno de las Cortes Valencianas se inició ayer con las enmiendas del área de Presidencia. El diputado socialista José Camarasa defendió, entre otras, una serie de enmiendas referidas a las ayudas para la cooperación al desarrollo, como el libro blanco y una ley específica, que permitan un mayor control de las ayudas que concede la Generalitat. Respecto al primero, acusó al PP de mentir por asegurar que ya está disponible. Y justificó la necesidad de una ley de cooperación del desarrollo para evitar casos como el del ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán. "Ustedes se trajeron a Arnoldo Alemán, lo pasearon y lo enseñaron en la plaza de toros", dijo Camarasa, y ahora "va a cumplir 20 años entre rejas, entre otras cosas porque ha hecho un uso indebido de los fondos de cooperación".

Los socialistas ya pidieron el año pasado más control de las ayudas para la cooperación al desarrollo que concede la Generalitat y el diputado Andrés Perelló incluso le vaticinó al ex presidente nicaragüense una quincena de años en la cárcel. El PP le pidió que no acusara a Arnoldo Alemán antes de ser juzgado y Perelló replicó que los populares le estaban defendiendo indebidamente.

La diputada popular María Ángeles Ramón Llin, que replicó a Camarasa, insistió en que el libro blanco "ya está en la librería Llig" de la Generalitat, pero no hizo referencia alguna al asunto de Arnoldo Alemán.

El PP también rechazó varias enmiendas del PSPV que pedían que los Presupuestos de la Generalitat para 2004 incluyeran entre sus objetivos el de acometer la reforma del Estatuto de Autonomía, para lo que solicitaban el fomento de la participación de la sociedad civil en el proceso y la financiación y organización de congresos y seminarios dirigidos a profundizar en el desarrollo estatutario valenciano.

En la discusión de las enmiendas del área de Infraestructuras y Transportes, el PP rechazó enmiendas que reclamaban la inclusión de una nueva línea presupuestaria y una exigencia al Gobierno central para que el AVE Madrid-Comunidad Valenciana y el Corredor Mediterráneo estén acabados en 2007 y que lleguen a las tres capitales valencianas. El popular Rafael Maluenda reprochó a los socialistas que pidan la finalización del AVE en 2007 mientras "tratan de retrasarlo obstaculizando en aquellos ayuntamientos donde gobiernan, poniendo pegas a su trazado, e intentando demorar de alguna forma que el AVE llegue lo antes posible a la Comunidad Valenciana". El socialista José Antonio Godoy recordó que en su investidura como presidente de la Generalitat Francisco Camps "se comprometió en las Cortes Valencianas a que el AVE estaría para 2007 e incluso anunció que contaba con el respaldo de José María Aznar".

Ya por la tarde, la socialista Ana Noguera, que defendió las enmiendas del área de Educación, insistió en reclamar las cuentas de la empresa pública CIEGSA, encargada de la construcción de colegios. La diputada explicó que, ante la negativa del Consell a facilitar la información, ha tenido que recurrir al Registro Mercantil, donde, dijo, no consta la auditoría de la empresa. La popular Carmen Nácher replicó que CIEGSA es una empresa pública que se somete al control de la Sindicatura de Comptes y de la Intervención General de la Generalitat, además de contar con un auditorio propio que la ley le obliga a contratar. Nácher reprochó a Noguera que sembrara dudas sobre la profesionalidad del Síndic de Comptes y aseguró que eso es hacer "terrorismo institucional".