Chaves propone crear una agencia tributaria en su proyecto de reforma del Estatuto andaluz

30 meses después de que defendiera en el Parlamento autonómico, con la prudencia política que le caracteriza, la "posible" reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, el presidente de la Junta, el socialista Manuel Chaves, dio a conocer ayer un documento de bases en el que esboza el qué y el para qué de la modificación. Junto con un amplio paquete sobre los derechos sociales, la propuesta del presidente andaluz incluye la de crear un espacio fiscal propio gestionado por una agencia tributaria andaluza que "permita mayor grado de autonomía financiera". La meta, según se afirma, es que "se igualen los resultados entre el régimen común y el foral". Chaves subrayó que la iniciativa es "plenamente constitucional".

Esta iniciativa es una de las más novedosas del plan de reforma presentado ayer en conferencia de prensa por Manuel Chaves después de que la diera a conocer a su Gobierno. El texto lo remitirá al Parlamento aunque tan sólo resta el pleno de presupuestos para la conclusión del actual periodo de sesiones antes de las elecciones autonómicas, por lo que, salvo sorpresas, es imposible su debate.

A lo largo de su exposición, el líder socialista insistió en cinco aspectos: la iniciativa está planteada desde "el respeto escrupuloso de la Constitución" y como garantía del papel de equilibrio de Andalucía en el Estado de las Autonomías; la reforma es "absolutamente necesaria"; el consenso debe prevalecer para que el Estatuto "siga siendo de todos"; y los que se oponga a su debate cometerán "un error histórico", una afirmación que iba dirigida directamente al PP, la única formación que cuestiona la oportunidad de la reforma. Chaves no se plantea "en este momento" un bloqueo por parte de los populares, por lo que evitó pronunciarse sobre una consulta genérica a los andaluces sobre el Estatuto.

El documento de bases gira sobre diez ejes de actuación referidos al autogobierno; el compromiso social; las instituciones; la calidad de la democracia; las competencias de la comunidad; economía y sociedad; la protección del medio ambiente; la organización territorial; la financiación de la comunidad: y la acción exterior de Andalucía.

Acuerdos de colaboración

Respecto a la financiación, el texto afirma que "la gestión tributaria de la comunidad podrá llevarse a cabo por una agencia propia, que podrá establecer acuerdos de colaboración y de intercambio de información o consorciarse para cogestionar con otras administraciones tributarias". Se trata de crear un "espacio fiscal" andaluz para recaudar tributos propios (el impuesto sobre el juego del bingo, por ejemplo) y los cedidos (transmisiones patrimoniales, donaciones, sucesiones). La propuesta nada dice de los impuestos compartidos con el Estado, como la cesión del 33% del IRPF a las autonomías o parte del IVA, aunque se afirma que el objetivo es permitir "el mayor grado de autonomía financiera, en condiciones de homogeneidad con el resto de las comunidades autónomas". La agencia tributaria andaluza tendrá "plena capacidad de gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión" sobre las materias tributarias de las que tendrá plena capacidad normativa.

En el mismo apartado, se asegura que Andalucía "promoverá la adopción de medidas para que la financiación" de las autonomías "tienda a ser equivalente en términos financieros y, en particular, para que progresivamente se igualen los resultados entre el régimen común y foral". Chaves aclaró que en las "sucesivas negociaciones" del sistema de financiación se debe perseguir este objetivo porque "el derecho a la diferencia no es el derecho a la desigualdad". Hay que subrayar que el texto es un documento para el debate por lo que no entra en concreciones ni en el desarrollo del nuevo articulado.

El documento incluye otros aspectos hasta ahora ausentes del actual Estatuto, como es todo el bloque hace referencia a los derechos sociales, es decir, desde el acceso a las nuevas tecnologías, las medidas de acción positiva orientadas a la plena integración de las minorías étnicas, culturales o religiosas, la calidad de vida de los mayores, la igualdad de géneros, la libre orientación sexual, y la extensión de certificados de calidad y compensaciones por incumplimiento de compromisos en los servicios públicos fundamentales.

El apartado que hace referencia al autogobierno proclama que "las decisiones que afecten a los derechos e intereses de los andaluces, adoptadas tanto por instituciones españolas como europeas, deben tener presente el criterio y el parecer de los andaluces expresados a través de sus instituciones". Esta afirmación engloba la participación de la comunidad en los procesos de decisión de la UE "directamente o a través de la representación estatal".

Chaves dejó ayer claro que las propuestas no implican una modificación de la Constitución, salvo aquellas que reclaman que Andalucía "participará en la conformación de la voluntad del Estado", que requerirá la configuración del Senado en una Cámara de representación territorial.

El documento no pone el acento en la relación de nuevas competencias, aunque deja clara su exigencia sobre las que afectan a la gestión del agua, los parques nacionales, el tráfico, puertos, aeropuertos y ferrocarriles.

Otras iniciativas afectan a la Ley Electoral andaluza para que haya paridad en las listas, así como algunas que los juristas califican de "cosméticas" como la inclusión de instituciones tales como el Defensor del Pueblo.