110.00 asesinatos ya están documentados

Aún no se sabe cuándo, dónde ni quién lo juzgará, pero las pruebas de cargo contra Sadam Husein ya están preparadas. La Asociación de Antiguos Presos Políticos Iraquíes, que agrupa también a los familiares de miles de desaparecidos, dispone de documentos que acreditan la ejecución de 110.000 personas en los últimos 24 años.

"Estamos a la espera de que se forme el tribunal y se abra el proceso para presentarlos", afirma Mohamed Alsadi, abogado de la asociación. Las pruebas proceden de los archivos del propio régimen y, en particular, de 16 millones de folios de la Dirección General de la Seguridad, hallados en un supermercado del barrio de Al Mansur.

"Los escondieron allí al empezar la guerra. Cuando los estadounidenses entraron en Bagdad huyeron tan de prisa que se les olvidó recogerlos", explica el secretario general de la asociación, Kais Al-Tai. Asegura disponer de documentación del Mujabarat (servicio secreto) y de la inteligencia militar. "Los 110.000 casos acreditados son sólo la punta del iceberg. Hasta hace cuatro meses carecíamos de ordenadores y el trabajo era muy lento. Desde entonces hemos revisado 17.000 expedientes".

La asociación reivindica su derecho a llevar el peso de la acusación en el proceso contra el ex dictador, no sólo por el valor de las pruebas en su poder, sino porque, con sus 18 sedes en el país, representa a buena parte de sus víctimas. "Las ejecuciones fueron ilegales. La mayoría de las veces no había juicio y cuando lo había, era una farsa. Si lee las actas verá que en muchos casos era el propio abogado defensor, impuesto por el régimen, el que pedía la pena de muerte", dice el dirigente de la asociación. "Sadam no puede alegar ignorancia; muchas órdenes están firmadas de su puño y letra".

No se sabe cuántos de estos ejecutados están en las fosas comunes descubiertas por todo Irak después de la guerra. Y ni siquiera hay estimación sobre el número de cadáveres que albergan. "Sadam dividió el país en dos y a una mitad la puso bajo tierra", dice Al-Kai. "Tenemos constancia de 65 o 70 fosas, pero las hay de diferentes tamaños, desde unos centenares de muertos hasta más de 10.000".

Gracias a un vecino de Diwaniya, la zona donde están desplegados los soldados españoles, se descubrió una fosa con 3.000 cuerpos en las proximidades del pueblo. "Cuando se abrió", explica, "comprobamos que eran kurdos que habían sido trasladados en autobuses desde el otro extremo del país para asesinarlos durante la sublevación de 1991. La gente lo sabía, pero no se atrevía a comentarlo".

Ayer era un día de júbilo en la sede de la asociación en Bagdad. Los hombres se besaban como si hubieran atrapado personalmente al tirano. Los empleados repartían caramelos e incluso las viudas y madres de desaparecidos que habían venido a comprobar si sus parientes figuraban en la base de datos (antes tenían que buscarlos en las listas que colgaban a la entrada) daban gritos de júbilo. "Hoy empieza nuestra felicidad, hemos soñado muchas veces con este día", afirmaba Leila Amir, un mujer kurda que fue expulsada a Irán con el resto de su familia tras la ejecución de sus dos hermanos.

Todos coinciden en que Sadam debe comparecer ante un tribunal iraquí. "Nosotros lo hemos sufrido más que nadie y nos corresponde juzgarlo", dice Sahib Shani, de 80 años, cuyo hijo fue asesinado. Pero no parecen entusiasmados con la posibilidad de que sea condenado a muerte. "La ejecución sólo dura unos minutos", dice Al-Kai. "Lo pondría en una jaula del zoo, junto a las otras bestias, para que los iraquíes pudiesen verlo". "Matarlo", ratifica Nadami Halaf, una chií que perdió a su marido y a su hermano, "me parece demasiado poco".

El presidente de turno del Consejo de Gobierno iraquí, Abdel Aziz al Hakim, declaró ayer que Sadam se enfrenta a la pena capital, que figura en el Código Penal iraquí de 1969 y sólo ha sido temporalmente suspendida por el administrador estadounidense Paul Bremer. Muwafk Al-Rubi, miembro del mismo consejo provisional, tutelado por EE UU, es más contundente. "Si resulta culpable, será ejecutado".

Los iraquíes no serán los únicos en acusar a Sadam. El Gobierno iraní prepara una querella por la guerra entre los dos países, que inició el dictador iraquí en 1980 y se prolongó nueve años causando un millón de muertos. Irán exige una indemnización de 100.000 millones de dólares por los daños.