Bolivia se queda 'sin gas'

Casi dos meses después del fin de las revueltas sociales que paralizaron un mes el país andino, la situación económica no ha cambiado. Las demandadas reformas sociales siguen pendientes, el Estado está en virtual quiebra financiera y el millonario proyecto de exportación de gas, en el que Repsol es actor principal, se ha postergado hasta nuevo aviso.

El Gobierno prevé un crecimiento anual superior al 2,6%, aunque estas estimaciones no incluyen el impacto de las huelgas de octubre

El déficit fiscal boliviano se situará en torno al 8% del PIB durante este año, lo que equivale a un agujero financiero de 640 millones de dólares

Sesenta días después de que la llegada del nuevo presidente, Carlos Mesa -en reemplazo de Gonzalo Sánchez de Lozada-, pusiera fin a un mes de huelgas por el descontento popular ante la venta de gas a EE UU, la situación social y financiera de Bolivia parece no haber cambiado. Los indicadores muestran que la denominada "guerra del gas" empeoró la crisis económica.

En un país donde la mitad de sus ocho millones de habitantes se encuentra bajo la línea de la pobreza, las autoridades proyectan para 2003 un déficit fiscal del 8% del producto interior bruto (PIB). Esta cifra se suma a un desempleo que llega al 10% de la población y una inflación del 3,5%, el mismo nivel de crecimiento de los salarios. Para solventar este gran agujero, la actual Administración anunció esta semana que pedirá al Fondo Monetario Internacional (FMI) un préstamo de 94 millones de dólares. Con este dinero se solventaría un 15% de la deuda pública que se generará este año, cifrada en 640 millones de dólares. El resto ya ha sido financiado con donaciones de terceros países y de otros organismos internacionales.

Junto a esto, el Gobierno boliviano solicitará al FMI que flexibilice sus exigencias para facilitar el préstamo. Estos requisitos incluyen reducir el gasto público, aumentar la recaudación impositiva y las tasas aduaneras. Esto permitiría al Gobierno evitar un drástico recorte de 160 millones de dólares en la inversión pública y suavizar la reducción de las subvenciones sobre el consumo del gas licuado doméstico y sobre la gasolina, medidas impopulares que podrían desencadenar una nueva convulsión social.

No obstante y al margen de cualquier ajuste fiscal, las autoridades bolivianas saben que la única solución a sus problemas es exportar gas natural a EE UU por un valor bruto de producción de 38.220 millones de dólares. Antes del estallido social, el proyecto del consorcio Pacific LNG, liderado por Repsol YPF, en alianza con British Gas y Pan American, tenía proyectado exportar el combustible por un valor anual de 265 millones de euros, pagando un 18% de impuestos por su extracción.

Esta situación fue lo que hizo estallar las revueltas populares, donde se exigieron mayores tributos para las empresas del gas y una mejor distribución del ingreso entre los sectores pobres.

Todos pagan

Carlos Mesa ha dicho públicamente que las transnacionales deben dar un "mayor aporte a Bolivia", aunque paralelamente el Congreso condonó las deudas tributarias de estas empresas. Con todo, el proyecto del gas ha sido pospuesto hasta nuevo aviso, según lo advierte la consultora Merrill Lynch. La actitud del Gobierno confirma estas sospechas, pues aún se mantiene en suspenso el anunciado referéndum para decidir el destino del combustible.

Pero no todo son malas noticias, ya que el ministro de Hacienda boliviano, Javier Cuevas, confirmó el martes que el PIB cerrará el ejercicio 2003 con un crecimiento mayor al 2,6%. Las causas serán la gradual recuperación del entorno internacional y el repunte de las exportaciones de gas. No obstante, los analistas advierten de que este dato se ha recogido antes de las manifestaciones de octubre y que aún no se ha evaluado el impacto real de las revueltas.